Petro da a indígenas posibilidad de frenar proyectos en sus territorios por 'objeción cultural'
Un nuevo decreto establece que las decisiones de las autoridades de los territorios indígenas serán vinculantes para el Estado y los privados. Los pueblos indígenas tendrán que hacer un trámite para el reconocimiento de sus territorios.
Los pueblos indígenas en Colombia tendrán autonomía total para definir qué se hace y qué no se hace en sus territorios, incluyendo proyectos empresariales, de acuerdo al decreto 488 de 2025 firmado por el presidente Gustavo Petro.
Según esa norma, los pueblos indígenas podrán solicitar al Ministerio del Interior la delimitación y reconocimiento de su territorio indígena. Y esos territorios, que en la práctica serán una especie de 'municipio', tendrán derecho a la objeción cultural.
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"Será la garantía que permite a los pueblos indígenas, desde los sistemas de conocimiento propio, objetar una iniciativa o actividad que un tercero vaya a desarrollar en su territorio delimitado. En este sentido, es la decisión autónoma de cada pueblo de oponerse a todo aquello que pueda afectar su libre determinación y su pervivencia en el tiempo", indica la normativa.
Esto podría implicar que una autoridad indígena que considere que la extracción de petróleo o de minerales es un acto contra la naturaleza y la vida, podría frenar su desarrollo dentro de su territorio. Lo mismo podría ocurrir con otro tipo de proyectos, desde líneas de transmisión de electricidad, a carreteras.
En la actualidad, los pueblos indígenas tienen derecho a una consulta previa, libre e informada, antes de que se puedan desarrollar proyectos cerca de sus hogares, pero con la nueva norma, una autoridad podría decidir de antemano que hay actividades prohibidas.
Referencia indigenas.
El espectador.
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La objeción cultural va a acompañar de otras medidas. Por ejemplo, se considerará que las normas de las autoridades indígenas son vinculantes para el resto del Estado, pero también para los particulares.
"Los operadores jurídicos deben reconocer y respetar la facultad que tienen las autoridades propias de los Territorios Indígenas dentro de su ámbito territorial, para establecer sus propias normas jurídicas de manera integral", indica el Decreto.
Los territorios indígenas además empezarán a cumplir normas istrativas. Por ejemplo, deben tener un presupuesto anual, un representante legal y además implementar prácticas de contratación transparentes. El presupuesto debe incluir, por ejemplo, los recursos que las comunidades reciban para los sistemas propios de salud, educación y justicia, pero también recursos de cooperación, donaciones y otros ingresos, de modo que exista un 'control social' sobre ellos.
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Aunque el decreto ya está vigente, las comunidades indígenas interesadas en que se implemente para su caso tendrán que hacer un trámite ante el Ministerio del Interior para la firma de un acuerdo intercultural.
"Para la expedición del acuerdo intercultural, será necesaria la delimitación territorial, el censo y el registro del consejo indígena, los cuales podrán desarrollarse de forma concomitante", explica la normativa.
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