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La JEP le ordenó a los ministerios de Defensa e interior, así como a la oficina del Consejero Comisionado de Paz, adelantar las gestiones necesarias para garantizar la expedición del decreto mediante el cual se adopte el Programa de Protección Integral (PPI). En ese auto, la jurisdicción revela que los firmantes del acuerdo están viviendo una compleja situación de seguridad. El tribunal señala que en algunos AETCR y NAR, que son los sitios donde están las personas en reincorporación, hay riesgo de desplazamiento.
"Considerando que la UIA, en su informe La Reincorporación Desarraigada, alertó sobre el riesgo que enfrentan algunos AETCR y NAR, ubicados en territorios con fuerte presencia de grupos armados no estatales, y que, de no garantizarse condiciones adecuadas de seguridad, existe una alta probabilidad de desplazamientos forzados de sus habitantes; y teniendo en cuenta la regulación jurídica de estos espacios de reincorporación colectiva mediante el Decreto 1048 de 2024, se ordenará al Ministerio de Defensa mantener y fortalecer los despliegues preventivos de la Fuerza Pública" señala el auto de la JEP.
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La JEP advierte que ha notado un deterioro en las garantías de seguridad para las personas en proceso de reincorporación y ha aumentado la estigmatización, es por esto que la jurisdicción pide proteger los espacios de reincorporación.
"La Sección de Ausencia de Reconocimiento ha identificado un deterioro en las garantías de seguridad y en la oferta institucional destinada a proteger a las personas en proceso de reincorporación, así como un aumento en los casos de estigmatización. Ante las diversas denuncias y demandas de la población firmante, la Sección considera pertinente reforzar las medidas para prevenir la estigmatización y mantener los dispositivos de seguridad que se establecieron en el Acuerdo Final de Paz respecto de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (en adelante, AETCR) y las Áreas Especiales de
Reincorporación Colectiva (en adelante, AERC)", señala la JEP.
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En el mismo sentido, desde la jurisdicción aseguran que más de 1.300 firmantes han sido desplazados de los espacios de reincorporación.
"Desde la creación de los espacios de reincorporación se han registrado 28 eventos de desplazamiento forzado que han implicado el desarraigo del territorio de 1.350 firmantes del acuerdo de paz: 52 % fueron eventos de desplazamiento forzado de tipo individual o familiar y 48 % fueron eventos de desplazamiento forzado masivos que requieren ser atendidos por el Estado", agrega el auto de la jurisdicción.
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