
La JEP reconoció al río Magdalena como víctima del conflicto armado y sujeto de derechos
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP fue la que dictó la declataria.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta determinación responde a la solicitud presentada por organizaciones de víctimas como CREDHOS, CAJAR, la USO, ACVC, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el SAAD. Las organizaciones documentaron los graves impactos ambientales, sociales y simbólicos que ha sufrido el río a causa del conflicto.
La JEP centró su análisis en hechos ocurridos durante la toma paramilitar de Barrancabermeja, entre 1998 y 2001. En este subcaso "han sido acreditadas 343 víctimas, entre ellas siete sujetos colectivos. También se han recibido 25 versiones juradas de exintegrantes de la Fuerza Pública, exparamilitares y un exalcalde de la ciudad", afirmó la magistrada Díaz.
Publicidad
Uno de los hallazgos más contundentes es el uso del río Magdalena como escenario para la desaparición forzada. Según el fallo, grupos armados arrojaron al menos 320 cuerpos al río desde 1942. "Esta práctica dejó una profunda marca en las comunidades ribereñas, que pasaron de proteger el río a normalizar el horror de ver cómo arrojaban cadáveres a sus aguas, siendo testigos de los crímenes que se cometían" enfatizó la magistrada Díaz.
“La Sala reconoce que el río ha sido víctima directa del conflicto, y sufre no solo una afectación ambiental, sino también cultural y espiritual”, afirmó la magistrada Díaz.
La JEP también ordenó medidas de protección y reparación, vigentes desde noviembre de 2019, como parte de un enfoque que reconoce a la Naturaleza como víctima. El caso abarca territorios del Cesar, La Guajira, Antioquia y el Magdalena Medio, donde ya se han reconocido más de 1.200 víctimas, incluidas comunidades afrodescendientes, campesinas y mineras.
Publicidad
La acreditación del río Magdalena como víctima del conflicto armado es un componente clave en la investigación del Subcaso Magdalena Medio.
Este reconocimiento también permite incorporar en el proceso judicial el análisis de los daños ambientales y culturales que sufrió el río en el contexto de los hechos investigados por la JEP.