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Camacol Bogotá/Cundinamarca entregó un análisis del proyecto de resolución publicado por el Ministerio de Ambiente en el que se busca la intervención de la Sabana de Bogotá. En el informe presentado, en medio de la pelea entre Distrito y Gobierno, Camacol alertó que con esa iniciativa, podrían bloquearse 2.983 hectáreas de suelo, en las cuales se desarrollaría 360.000 unidades de vivienda (65 % VIS), cifra equivalente a 6 años de oferta de vivienda nueva en la sabana de Bogotá.
“Analizando los planes parciales existentes, se afectaría la construcción de cerca de 360.000 unidades de vivienda para los próximos años, es decir, se restarían seis años de producción de vivienda con esta resolución. Lo más grave aún es que de esas, el 64 % correspondería con 234.000 hogares serían viviendas para hogares de menos de cuatro salarios mínimos, es decir, hogares que acceden a vivienda de interés social", afirmó el gerente de Camacol Bogotá/Cundinamarca, Edwin Chiriví.
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En el informe también precisan algo de lo que mencionó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y es que el debate para la publicación del proyecto de resolución no tuvo la socialización ni informe de alcance con los sectores involucrados. Además, afirman que enviaron dos derechos de petición solicitando los estudios técnicos y mesa de trabajo.
Por otro lado, desde Camacol le solicitaron de manera urgente a la Procuraduría, ya que aseguran que el proyecto de resolución bloquea el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca.
“Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresamos nuestro respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a los más de 35 alcaldes municipales que se verían afectados con el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente. Por eso, tras la presentación del proyecto, enviamos una comunicación a la Procuraduría General de la Nación solicitando la vigilancia del proceso. Coincidimos en la importancia de que los procesos en los que se impacte el ordenamiento territorial se gestionen en el marco de la Constitución y la ley; las decisiones deben tomarse respetando competencias y el debido proceso, con la participación de todos los actores involucrados y con análisis técnicos e información de calidad sobre el territorio”, menciona la solicitud a la Procuraduría.
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