El presidente Daniel Noboa ha logrado el respaldo de los ecuatorianos en nueve de las once preguntas planteadas durante el referéndum y la consulta popular celebrados este domingo, según los resultados preliminares ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las dos únicas preguntas en las que Noboa no ha obtenido el apoyo mayoritario se refieren a la aceptación de arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y la posibilidad del trabajo por horas. En estos temas, el "No" ha sido respaldado por el 64,88 % y el 68,83 % respectivamente, según indicó la presidenta del CNE, Diana Atamaint.
En las demás cuestiones, principalmente relacionadas con temas de seguridad, el "Sí" ha superado el 60 % en cada una, de acuerdo con el conteo rápido, que tiene un margen de error del 1 % y coincide con un sondeo a boca de urna realizado al cierre de las mesas electorales.
Un 73,05 % de los votantes aprobó la participación de los militares en apoyo a la Policía en asuntos de seguridad, mientras que un 65,11 % respaldó la extradición de ciudadanos ecuatorianos que hayan cometido delitos en otros países.
Asimismo, el 60,49 % aceptó la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
El 70,72 % de los participantes respaldó la propuesta de que las Fuerzas Armadas controlen los s a las cárceles, mientras que el 68,23 % estuvo de acuerdo con aumentar las penas para delitos relacionados con el crimen organizado, como el terrorismo, su financiación y la trata de personas, entre otros.
Noboa también recibió el respaldo del 67,69 % para que los presos condenados por delitos vinculados a la delincuencia organizada cumplan la totalidad de sus penas privativas de libertad, mientras que el 64,66 % estuvo de acuerdo en tipificar como delito la tenencia y el porte de armas exclusivas de las fuerzas del orden.
Por otra parte, el 64,80 % votó "Sí" para que las armas y municiones decomisadas por delitos sean utilizadas por policías y militares, mientras que el 61,97 % apoyó la simplificación de los procedimientos para que los bienes de origen ilícito pasen a ser propiedad del Estado, según el conteo rápido del CNE.
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