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Con nueve de sus 11 preguntas planteadas en el referendo del domingo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró permitir la extradición de connacionales y endurecer condenas contra el crimen organizado, según los resultados de una encuesta a boca de urna de la empresa Infinity Estrategas.
El Sí logró entre 68 % y 80 % de la votación total, incluidos blancos y nulos, de acuerdo con el sondeo divulgado por varios medios nacionales y que fue contratado -señaló el canal Teleamazonas- por el gobierno.
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El No en cambio triunfó en las interrogantes que pretendían restablecer el trabajo por horas y reconocer el arbitraje internacional para resolver controversias.
De las cinco propuesta en referendo y seis en consulta popular, la mayoría apuntaron a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en un estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.
Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.
La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.
Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.
En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.
La istración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.
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Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos de bandas narco que se disputan el poder.
Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró "terroristas" a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.
Las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial.
En el caso de la consulta popular, las propuestas aprobadas serán tramitadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.
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