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Ante la Secretaría General del Senado, el presidente Gustavo Petro radicó, junto con varios ministros de su gabinete, congresistas y simpatizantes del Pacto Histórico, la solicitud de convocatoria a una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre diferentes aspectos de la reforma laboral.
Con este acto, comienza a correr un plazo de 30 días para que el Senado emita un concepto favorable o no frente a la convocatoria a las urnas.
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En el documento, que cuenta con la firma de todos los ministros del gabinete, el Gobierno justifica la convocatoria de la consulta como un mecanismo para resolver una disputa entre dos órganos del poder público legítimos en términos democráticos.
“El archivo del proyecto de reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado incurrió en la transgresión de principios constitucionales como la participación política, el principio democrático y el principio de publicidad, al omitir el deber constitucional de garantizar un debate sustancial, informado y participativo”, señala el documento de 29 páginas radicado por el presidente.
La justificación indica que las 12 preguntas contenidas en la consulta reflejan el espíritu de transformación laboral promovido por el Gobierno, en tanto apuntan a la recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras, así como a la promoción de su bienestar, en especial el de los segmentos más vulnerables de la clase trabajadora.
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Adicionalmente, se argumenta que la consulta se fundamenta en la realidad económica y social del país, donde la informalidad alcanza el 57,2 %, según cifras del DANE, y existe una desconexión entre el marco legal vigente y la situación real del mercado laboral colombiano.
El texto también señala que la propuesta de modificaciones al sistema laboral busca garantizar mejores ingresos para los trabajadores, impulsar el consumo y la demanda agregada, y generar mayor empleo.
“Dado que el presente escrito se radica el 1 de mayo de 2025, el término para la expedición del concepto de conveniencia por parte del Senado de la República es el 1 de junio de 2025, por lo que la fecha máxima para la jornada electoral correspondiente a la consulta popular sería el 1 de septiembre de 2025”, se lee en el documento.
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