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Tras la advertencia de la Contraloría General sobre la insostenibilidad financiera de las universidades públicas del país, el Ministerio de Educación Nacional se pronunció y aseguró que Colombia ya trabaja en una reforma legislativa orientada a atender las causas estructurales del desfinanciamiento.
El proyecto, que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado y propone un cambio de fondo en el modelo de asignación de recursos.
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El ministerio subrayó que el esquema actual que ajusta los presupuestos anualmente, con base únicamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha demostrado ser insuficiente frente a las verdaderas dinámicas y necesidades del sistema de educación superior. En respuesta, la reforma plantea el uso del nuevo Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), el cual permitirá una asignación más realista y sostenible, incorporando variables como calidad, equidad, inclusión y cobertura.
Mientras avanza el trámite legislativo, el Gobierno nacional ha adoptado medidas transitorias para mitigar el rezago financiero. Entre 2022 y 2025, el presupuesto asignado a las universidades públicas aumentó de $8,4 billones a $12,7 billones. De este total, más de $4,5 billones han sido recursos extraordinarios destinados a funcionamiento e inversión.
Asimismo, afirman que se han invertido alrededor de $1,75 billones en infraestructura educativa, y se ha ampliado la cobertura del programa de gratuidad, beneficiando a 874.000 estudiantes en 2024. A esto se suma la implementación de una estrategia de formalización laboral dentro del sector educativo, respaldada con fuentes claras de financiación, como lo establece el Decreto 391 de 2025.
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