Contraloría alerta que falta de recursos en universidades públicas pone en riesgo su servicio

En el más resiente estudio de la situación fiscal, presupuestal y pensional de las principales universidades, la Contraloría advirtió que hay serias preocupaciones sobre la capacidad económica que tienen las instituciones. Advierten que la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquía, La Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander, están en riesgo de sostenibilidad y la prestación de los servicios, pues el resultado del informe arrojó que para diciembre del 2024, había un pasivo pensional que asciende a 8,3 billones de pesos. Sin embargo, el más importante, es el de la Universidad Nacional, que registra 4,5 billones.“Es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, dado que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estas obligaciones. Tal es el caso de la Universidad del Valle, que debe concurrir con el 19,9 %, viéndose en dificultades para cumplir con su parte del convenio", escribe la Contraloría.Otra de las preocupaciones son las finanzas relacionadas que afectan el régimen salarial y prestaciones de los docentes, con los cuales los costos anuales crecen a un ritmo acelerado, mientras que los recursos asignados para estos gastos, no siguen la misma dinámica. “Un caso para destacar es el de la Universidad de Antioquia, que en el 2017 reconoció un Valor Anual de los Puntos Asignados por $10.364 millones, mientras en el 2024 este valor ascendió a $18.239 millones, lo que significa un crecimiento del 76 %.”En el informe detallan que también se ha visto afectadas las finanzas de las universidades públicas con respecto a la política de gratuidad en las matrículas, ya que estas no reciben el 100 % de los ingresos por concepto de matrícula para cada semestre. Así las cosas, se supone que al inicio del año académico deben recibir el 80% del giro y el restante 20% posterior a la validación de datos, pero la Contraloría asegura que para el 2024, el giro de este primer porcentaje estuvo atado a las “disponibilidad presupuestal”.“El análisis de la Contraloría concluye que es necesario aprobar la modificación del esquema de financiación previsto en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 —reforma que actualmente se tramita en el Congreso—, pero mientras dicho ajuste se concreta, resulta indispensable que los recursos provenientes de la Nación sean transferidos a las universidades de manera oportuna para atender adecuadamente las necesidades estructurales y de funcionamiento”, concluye la Contraloría.