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En los próximos meses la expedición de licencias de conducción podría sufrir un revolcón que llevaría a que los aspirantes a conducir tengan que asumir mayores costos en la presentación de los exámenes teórico y práctico creando un negocio enorme al rededor de los Cale (Centros de Apoyo Logístico y Evaluación).
Según el documento que estudia el Ministerio del Transporte, una universidad pública o un Cale podrían recibir 115.000 mil pesos por cada examen teórico y entre 393.000 y 896.000 por un examen práctico, dependiendo de la categoría del vehículo. A esto se sumarían otros costos que tendría que pagar el , como la tarifa para el Runt, los impuestos si es el caso y lo que se cobraría a través del sistema Sicov.
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En 2024 se expidieron 960.000 licencias de conducción, según datos del Runt. Estamos hablando de un negocio de al menos 107.000 millones en exámenes prácticos y de por lo menos 378.000 millones en exámenes teóricos.
“Los exámenes los harán instituciones de educación superior públicas. Solo si no hay cobertura, se permitirá que entidades privadas autorizadas los hagan. Esto no cambia la naturaleza pública del proceso ni transfiere la función de expedir licencias”, explicó a Blu Radio la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Para prestar el servicio, una universidad pública debería garantizar que tiene un espacio con cámaras y cubículos individuales para el examen práctico, así como espacios amplios para las pruebas de conducción, pues algunas maniobras requieren recorridos de hasta 90 metros. A eso se suma el costo de disponer de vehículos adaptados para cada categoría a evaluar.
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Buena parte de las universidades públicas tienen problemas financieros y de infraestructura serios.
La idea de establecer los Cale no es nueva, el Gobierno viene hablando del tema desde el año 2022, en la istración de Iván Duque. Sin embargo, la nueva resolución propuesta es mucho más específica y estricta sobre los estándares que se deben cumplir para ofrecer el servicio de los exámenes para conductores.
“El proyecto de resolución apunta a un equilibrio entre la regulación de calidad en la educación y evaluación vial y la promoción de un mercado competitivo y diverso en el sector de las licencias de conducción”, señala uno de los documentos previos del Gobierno sobre el tema.
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La resolución aún no ha sido formalmente adoptada debido a que aún se están esperando los conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio y de Función Pública.
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