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Mañanas Blu 10 AM conoció que la Fiscalía le negó una solicitud de esquemas de seguridad a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz para sus hijas, que actualmente tienen 13 y 24 años. Ortiz ha sido salpicada por la presunta entrega de tres mil millones de pesos al expresidente del Congreso Iván Name, con el fin de favorecer al Gobierno en el Legislativo.
Cabe recordar que este programa habló con el abogado de Ortiz, el penalista Oswaldo Medina, quien señaló que, debido al proceso judicial, el nivel de riesgo de su defendida se elevó a extremo. Aseguró que, el 15 de marzo, “se comunican los directores de la unidad de protección de la Fiscalía y le ofrecen a su hija menor un esquema de protección, porque actualmente no tiene. Es una niña de 12 años, que vive con su papá. Ellos están divorciados, pero vive con él porque Sandra, naturalmente, está detenida”.
A renglón seguido, Medina afirmó que la defensa esperó mes y medio a que se materializaran “las medidas de protección, medidas que nunca llegaron”. Describió como “terrible” el estado de angustia y vulnerabilidad en el que se encontraba Sandra Ortiz por la seguridad de sus hijas. Según el abogado, la vio “quebrada en llanto”, preocupada por no saber qué podía ocurrirle a su hija menor.
El abogado explicó que la hija mayor de Ortiz cuenta con un esquema de protección de la UNP, pero la menor no. Cuando la Fiscalía ofreció su esquema de seguridad, Medina le recomendó no renunciar a la protección de la UNP hasta tanto se oficializara el respaldo por parte del ente acusador.
El 23 de mayo, según conoció Blu Radio, la Fiscalía finalmente negó la solicitud de seguridad, tres meses después del ofrecimiento. La defensa y la propia Ortiz interpretaron esta decisión como otra muestra de la falta de garantías en el proceso. Por esta razón, la exconsejera —quien fue citada a rendir testimonio en la Corte Suprema el pasado lunes 26 de mayo en el proceso que adelanta el magistrado Francisco Javier Farfán contra el expresidente del Senado Iván Name— optó por guardar silencio.
De forma paralela, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió un expediente contra el magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, quien previamente fue secretario jurídico de la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro.
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Fernández ha sido señalado por Sandra Ortiz, quien asegura que el dinero entregado a Iván Name tenía como objetivo modificar el orden del día en el Senado para asegurar su elección como magistrado del alto tribunal. Sin embargo, hasta el momento no existe citación formal ni llamado a declarar por parte de la Comisión.
El próximo martes, la célula legislativa citará al representante Christian Garcés, al veedor ciudadano Pablo Bustos y a Samuel Ortiz, denunciantes contra Fernández, para que ratifiquen y amplíen sus denuncias. Es probable que, si la exsenadora continúa sin las garantías que exige, también guarde silencio en esa diligencia.
El expediente contra el magistrado Fernández está en manos de un triunvirato coordinado por el representante de Cambio Radical, Carlos Cuenca Chaux, junto a los congresistas Wilmer Carrillo, del Partido de la U, y Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde. Esta última colectividad ha sido la principal salpicada por el escándalo, ya que pertenece a ella Sandra Ortiz, Iván Name y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
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