“No me han detenido; bloquear no es delito”: presidente de la CUT tras confesión en Plaza de Bolívar
Fabio Arias, presidente de la CUT, confesó que los bloqueos en Bogotá hicieron parte de lo planeado en el paro nacional. Le responde al alcalde Carlos Fernando Galán.
En medio de lapolémica generada por los bloqueos ocurridos durante las jornadas de protesta del 28 y 29 de mayo, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendió el carácter legítimo de estas acciones. En entrevista con Blu Radio, Arias reiteró que “los bloqueos no son ningún delito".
"Desafortunadamente en Colombia estamos acostumbrados a criminalizar siempre la protesta social”.
Las declaraciones surgen luego de que elalcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunciara que denunciará penalmente a Arias por su presunta participación en la organización de bloqueos que afectaron la movilidad de miles de ciudadanos. Según el mandatario distrital, Arias habría confesado públicamente su responsabilidad durante un acto en la Plaza de Bolívar.
El presidente de la CUT, Fabio Arias, realizó un controvertido pronunciamiento desde una tarima que podría acarrearle problemas legales, según el Artículo 353A del Código Penal, que sanciona la obstrucción de vías públicas que afecte el orden público. Ya en 2024, Arias había… pic.twitter.com/MHFnXOpgCS
En respuesta, Arias citó protocolos internacionales que respaldan ciertas formas de interrupción del tránsito como mecanismos válidos de protesta. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que los cortes de vía, que nosotros llamamos bloqueos, son una forma legítima de manifestación siempre y cuando no atenten contra la vida y la salud y sean temporales”, indicó.
¿Derecho a la protesta vs. derecho al trabajo?
El eje del debate se sitúa en la colisión entre dos tipos de derechos: el derecho a la protesta y el derecho a la libre locomoción, el trabajo y el a servicios esenciales. En la entrevista, el periodista Néstor Morales confrontó a Arias con el artículo 353 del Código Penal colombiano, el cual establece sanciones para quienes impidan el tránsito de personas y vehículos.
Arias insistió en que su actuación se ciñó a los límites establecidos por la CIDH: “Hemos dicho siempre que el límite es la violencia. Mientras no se ponga en peligro la salud y la vida, estamos dentro del marco legal y legítimo del derecho a la protesta”.
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No obstante, Morales le recordó que el informe de la Comisión Interamericana no es vinculante y que las leyes colombianas siguen siendo la autoridad principal en estos casos. A esto, Arias respondió: “Somos parte de la Corte Interamericana y hemos aceptado sus protocolos. En el pasado, esos fallos han tenido aplicación directa en Colombia, como sucedió con el caso Petro”.
Bloqueos por el paro nacional
Foto: Blu Radio
La incomodidad ciudadana como costo de la movilización
Ante la pregunta sobre los perjuicios que sufrieron ciudadanos durante los bloqueos, Arias reconoció que hubo afectaciones, pero justificó la acción en nombre de causas mayores: “Le decimos a la gente que entendemos su incomodidad, pero preferimos una molestia temporal a una afectación permanente de nuestros derechos laborales”.
La movilización tuvo como objetivo principal rechazar la reforma laboral que, según Arias, pone en riesgo derechos históricos de los trabajadores colombianos. A pesar de la baja asistencia en algunos puntos, el presidente de la CUT valoró como exitoso el impacto generado: “Si el termómetro es que logramos paralizar ciertas actividades económicas, entonces fue exitoso”, afirmó.
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¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los manifestantes?
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la discusión sobre la responsabilidad del líder sindical en actos de vandalismo ocurridos durante las jornadas. Morales le cuestionó si preveía que sus llamados a bloqueos podrían derivar en destrucción de bienes públicos y agresiones. Arias fue enfático: “Nosotros condenamos todo acto de violencia. Quien incurra en ella, debe responder individualmente. Nuestra convocatoria fue siempre pacífica”.
Sin embargo, para muchos analistas, la línea entre un bloqueo y un acto violento es difusa, especialmente cuando afecta derechos fundamentales de terceros. La discusión plantea interrogantes sobre los mecanismos adecuados para ejercer el derecho a la protesta sin transgredir otras libertades esenciales.