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La defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno Petro, negó rotundamente haber ejercido cualquier tipo de “amenaza, chantaje o presión” sobre funcionarios de la Fiscalía General de la Nación durante las conversaciones relacionadas con un posible principio de oportunidad. Así lo afirmó su abogado, Oswaldo Medina, quien pidió al ente acusador rectificar las declaraciones en las que se sugería un presunto constreñimiento a fiscales durante dichas negociaciones.
Según Medina, dichas afirmaciones carecen de sustento y desvirtúan el debido proceso.
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“Solicitamos respetuosamente que se rectifique esa información. No ha habido presión alguna por parte de esta defensa”, indicó el abogado, quien además calificó de prematuro hablar de otras alternativas judiciales como un preacuerdo, tras la negativa de la Fiscalía de otorgar un principio de oportunidad a su clienta.
“Eso sería una respuesta prematura, hay que esperar qué pasa en los próximos días”, manifestó Medina respecto a la posibilidad de avanzar hacia un preacuerdo con el ente investigador.
En medio de las especulaciones sobre la matriz de colaboración que Sandra Ortiz habría entregado a la Fiscalía, el abogado evitó confirmar si en ella se mencionan nombres como el del magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, y el del hijo del expresidente del Senado, Iván Name. “Me reservo esa información”, respondió Medina al ser consultado sobre el tema.
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Finalmente, reiteró el llamado a la Fiscalía para que rectifique públicamente sus señalamientos y confirmó que la próxima diligencia judicial en el caso será la audiencia de acusación contra Sandra Ortiz, programada para junio por tráfico de influencias y lavado de activos.
El caso en el que se ve involucrada Sandra Ortiz forma parte del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el cual se investiga el presunto desvío de recursos públicos y el pago de sobornos a funcionarios y congresistas. La trama incluye contratos irregulares y favorecimientos a cambio de apoyos políticos, lo que ha desencadenado una amplia investigación judicial que toca a del alto gobierno, el Congreso y el sistema judicial.
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