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El defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, advirtió ante el Parlamento que la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, prevista para el próximo 20 de mayo, “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores migrantes”, especialmente aquellos cuyas familias están en proceso de solicitar protección internacional.
El motivo de la alerta se centra en una modificación clave del reglamento: el tiempo que una persona extranjera haya permanecido en España mientras espera la resolución de su solicitud de asilo —y en el que haya trabajado legalmente— ya no contará para solicitar un permiso de residencia por arraigo si finalmente su petición de asilo es denegada.
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“Esto supone un cambio drástico que ignora la realidad de miles de personas que han construido su vida en el país mientras esperaban una respuesta a su solicitud”, explicó Gabilondo, en el marco de la presentación de un informe sobre infancia extranjera en España.
La institución expresó su preocupación por las consecuencias que esta medida tendrá sobre la infancia migrante, dado que muchas familias podrían quedar en situación irregular una vez rechazada su solicitud de asilo, lo que repercutiría directamente en sus hijos, dejándolos sin regular a derechos fundamentales como la salud, la educación o la protección legal.
El nuevo reglamento de extranjería, vigente desde el 20 de mayo de 2025, excluye el tiempo de espera de la solicitud de asilo del cómputo necesario para pedir el permiso de residencia por arraigo laboral si esta solicitud es denegada.
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Muchos colombianos en España han optado por pedir asilo como una forma de iniciar un proceso de regularización. Si su petición es rechazada, el tiempo trabajado durante ese periodo ya no contará para futuras solicitudes por arraigo, empujándolos a una situación de irregularidad migratoria.
Asimismo, el informe critica que la normativa no tenga en cuenta las particularidades de los menores en situación de movilidad. Por ejemplo, establece que los niños y niñas no nacidos en España deben residir al menos cinco años para acceder a una residencia de larga duración, un plazo “particularmente gravoso” si se considera que depende de que sus progenitores o tutores legales tengan una situación migratoria regular.
El defensor también denunció que las condiciones para la reagrupación familiar siguen siendo restrictivas para migrantes con bajos ingresos, como quienes trabajan en sectores como el cuidado de personas. Esta realidad impide, en muchos casos, que las madres puedan traer a sus hijos en plazos razonables, lo que empuja a muchos menores a ingresar al país por vías irregulares y quedar durante años en situación de vulnerabilidad.
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En su análisis, Gabilondo subrayó que las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales —como el arraigo laboral, social o familiar— han sido, en los últimos años, el mecanismo más eficaz para la regularización de cientos de miles de personas. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2023, solo 6.000 menores eran titulares de estas autorizaciones, a pesar de que muchas familias viven en España desde hace años.
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