Colombiana engañó al Gobierno de EE. UU. por 20 años y robó más de 400.000 dólares

Las autoridades estadounidenses revelaron que una mujer colombiana, identificada como Lina María Orovio Hernández, de 59 años, vivió ilegalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas utilizando una identidad robada, logrando acceder a beneficios federales por más de 400.000 dólares y participando de manera fraudulenta en las elecciones presidenciales de 2024.Según informó la Oficina del Fiscal Federal, Orovio Hernández utilizó una identidad falsa desde al menos el año 2003, logrando construir una vida entera bajo el nombre de otra persona. Con esa información presentó en enero de 2023 un registro fraudulento de votante y, en noviembre de 2024, emitió su voto en las elecciones presidenciales, hecho que quedó registrado por las cámaras de vigilancia de un banco, donde fue captada portando una pegatina de “Yo voté”.Entre los beneficios que recibió de manera ilícita se encuentran $259.589 por asistencia de alquiler del programa federal Sección 8, $101.257 en beneficios por discapacidad del Seguro Social y $43.348 del programa de asistencia alimentaria SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).La fiscal federal Leah B. Foley calificó el caso como un abuso grave del sistema. “Orovio Hernández construyó una vida sobre una identidad robada, abusando de un sistema destinado a ayudar a quienes realmente lo necesitan”, aseguró en un comunicado oficial.Además, la mujer intentó obtener un pasaporte estadounidense alegando ser ciudadana nacida en Puerto Rico, a pesar de no tener derecho legal alguno a dicho documento ni a los beneficios que venía recibiendo.Orovio Hernández fue puesta bajo custodia federal en febrero de este año y enfrenta múltiples cargos, entre ellos:Falsificación de número de Seguro SocialDeclaración falsa en solicitud de pasaporteRobo de identidad agravadoRecepción de bienes robados del gobiernoRegistro y votación fraudulentaDe ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión por algunos de estos delitos, además de multas de hasta 250.000 dólares y tres años de libertad supervisada.