
Esta fue la última consulta popular que se hizo en Colombia, ¿cómo le fue?
Habrá consulta popular en Colombia para las reformas de salud y laboral del Gobierno Petro. Pero esta no será la primera vez que se se lleve a cabo esta medida.

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Este 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará a consultar popular para que "pueblo elija" el avance de las reformas de salud y laboral tras decir que existe un "bloqueo" por parte del Congreso de la República. Pero esta no será la primera vez que esta medida se lleve a cabo en el país, sino que ya ha sucedido en el pasado.
La medida fue incluida en la Constitución Nacional en 1994 y reglamentado por las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Pero a lo largo de la historia solo ha sido utilizada en una ocasión: 2018, que fue en aquella consulta anticorrupción liderada por varios políticos, como Angélica Lozano y Claudia López, la cual reunía una serie de mandatos que debían cumplirse en cualquier cargo público. Esto se dio durante el Gobierno de Iván Duque, pero que no terminó llegando a buen puerto al no alcanzar el umbral y reunir los suficiente votantes.
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"Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula. En la democracia las reglas son ciertas, pero los resultados inciertos (...) Invité a todos los colombianos a participar y más de 90.000 mesas fueron habilitadas. Quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción", explicó en aquella ocasión Iván Duque. Pero es importante aclarar que al interior del país se habían realizado antes consultas populares en municipios como Sopetrán, Yarumal, Duitama, entre otros; y para departamentos como Casanare y Tolima.
Eran siete puntos en los cuales la población podía determinar el tipo de sanciones que se debían llevar a cabo para frenar la corrupción en Colombia. Fue el 26 de agosto de 2018 cuando millones de colombianos salieron a las urnas, pero al no cumplir el umbral esta consulta no fue efectiva.
En su tarjetón los colombianos tenían siete puntos en donde debían poner sí o no, en los cuales se destacaban: la reducción salarial de congresistas; cárcel a corruptos sin posibilidad de un futuro cargo en el Estado; contratación transparente obligatoria; presupuestos públicos con participación ciudadana; congresistas debían rendir cuentas; publicar las propiedad e ingresos injustificados y no permitir más de tres periodos públicos en una persona.
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