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El Ministerio Público suspendió por un término de entre 3 y 6 meses al general Gonzalo Ernesto García, y a cinco coroneles de inteligencia del Ejército por perfilamientos a periodistas y sindicalistas de quienes obtuvieron irregularmente información vinculándolos con grupos armados al margen de la ley.
La decisión llega cinco años después de que en 2020 estallara el escándalo que evidenció cómo unidades del Ejército, especialmente el batallón de Ciberinteligencia, adelantaron labores de vigilancia no autorizada contra al menos 130 personas, incluidos 30 periodistas.
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Todo esto, mediante técnicas OSINT (inteligencia de fuentes abiertas), donde los uniformados recolectaron información privada y profesional de periodistas que cubrían temas sensibles como ejecuciones extrajudiciales y corrupción.
El caso más emblemático fue el de la periodista María Alejandra Villamizar, quien fue perfilada por orden directa de altos mandos militares tras haber entrevistado al jefe guerrillero alias ‘Pablo Beltrán’, a ella se suman otros periodistas como Nicholas Casey, del New York Times, Federico Ríos, Andrea Aldana y medios como Rutas del Conflicto, todos víctimas de espionaje militar con el aparente propósito de asociarlos sin fundamento a grupos insurgentes.
Las sanciones impuestas por la Procuraduría consisten en suspensiones temporales (entre tres y seis meses) e inhabilidades para ejercer cargos públicos, sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) anunció que apelará la decisión por considerar que se subestimó la gravedad de los hechos, al catalogarlos como faltas “graves” en vez de “gravísimas”.
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“La vigilancia ilegal afectó la salud mental, la seguridad y el ejercicio periodístico de las víctimas. Incluso una de ellas tuvo que abandonar el país por temor”, denuncia la Flip, que también insiste en que la Fiscalía General debe asumir con prontitud la dimensión penal del caso.
El brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, quien comandó los centros de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, recibió una sanción de cinco meses de suspensión e inhabilidad por parte del Ministerio Público, la misma sanción se impuso al coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, entonces comandante de la Brigada de Inteligencia Militar No. 1, desde donde se emitieron las órdenes que dieron pie a los perfilamientos.
Los coroneles Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, Julio Tobías López Cuadros y Hugo Armando Díaz Hernández fueron sancionados con tres meses, al igual que los mayores Mauricio Quintero Arias y Eduardo de la Torre Díaz, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo.
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