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La región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, se ha convertido en un escenario de horror para miles de familias que han tenido que huir de sus hogares ante la brutal disputa territorial entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Según un informe de Human Rights Watch, más de 56.000 personas han sido desplazadas, en lo que representa uno de los mayores éxodos forzados en Colombia en décadas, cifras que han sido confirmadas por las autoridades y el Gobierno.
El documento revela que desde el 16 de enero de 2025, el ELN ha llevado a cabo una ofensiva para retomar el control de la zona, asesinando, secuestrando y desapareciendo a civiles a quienes acusa de colaborar con el Frente 33. A su vez, este grupo criminal ha impuesto su propia ley en la región, sometiendo a la población a amenazas, trabajos forzados y reclutamiento de menores.
Human Rights Watch realizó más de 65 entrevistas a desplazados, trabajadores humanitarios y autoridades, quienes describieron con crudeza la violencia que azota la región. Entre los testimonios destacan los de familias que han perdido a seres queridos, campesinos forzados a colaborar con los grupos armados y niños reclutados a la fuerza.
La organización también verificó fotos y videos que evidencian la magnitud de los crímenes. Hasta el momento, según HRW, la única entidad que ha respondido a sus solicitudes de información es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El informe subraya que la presencia de grupos armados en el Catatumbo está fuertemente ligada al narcotráfico, con la complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad venezolanas. Desde 2018, el ELN y el Frente 33 mantenían un pacto de coexistencia, que terminó en una cruenta disputa territorial que ahora tiene a la población civil como principal víctima.
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Uno de los episodios más sangrientos ocurrió el 16 de enero, cuando el ELN ejecutó una serie de asesinatos simultáneos en cinco municipios del Catatumbo: Teorama, Convención, Hacarí, Tibú y El Tarra. Entre las víctimas había líderes sociales, campesinos organizados y excombatientes de las Farc acogidos al acuerdo de paz de 2016.
Según testigos, los insurgentes recorrieron viviendas y lugares de trabajo buscando a supuestos colaboradores del Frente 33. A algunos los asesinaron en el acto, mientras que otros fueron llevados a lugares desconocidos y posteriormente reportados como muertos. En muchas comunidades, hay familias que aún no saben qué pasó con sus seres queridos.
El informe también destaca que el Frente 33 ha sometido a la población con amenazas, asesinatos y castigos como trabajos forzados. Decenas de testigos han denunciado el reclutamiento de niños y niñas, un crimen de guerra que sigue siendo una de las tácticas más atroces utilizadas por los grupos armados en Colombia.
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La violencia ha desbordado las capacidades de las autoridades locales. Entre el 16 de enero y el 8 de marzo, 78 personas fueron asesinadas en el Catatumbo, incluyendo cuatro menores de edad, una cifra cuatro veces superior al promedio mensual de 2024. Sin embargo, HRW advirtió que el número real de víctimas podría ser mayor, ya que muchas familias han enterrado a sus muertos en silencio por miedo a represalias.
“El Gobierno debe actuar de manera urgente con una política de seguridad y justicia que proteja a los civiles y restablezca el Estado de derecho en el Catatumbo”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
Mientras tanto, miles de familias siguen vagando por albergues improvisados, con el temor de que la violencia siga persiguiéndolos. La comunidad internacional, según HRW, debe brindar asistencia humanitaria urgente y exigirle al gobierno colombiano una respuesta efectiva que garantice la seguridad de los habitantes del Catatumbo.
Human Rights Watch recomendó al gobierno del presidente Gustavo Petro adoptar una política de seguridad y justicia que proteja a la población del Catatumbo y garantice que cualquier cese al fuego incluya salvaguardias para los civiles. Además, pide evitar la participación de grupos armados en planes de desarrollo rural y asegurar que el retorno de los desplazados sea voluntario y seguro.
También destacó necesario diseñar un plan integral para el desarrollo de la región, alineado con las necesidades comunitarias y libre de errores previos, como pagos ineficaces para la sustitución de cultivos de coca.
Asimismo, pidió garantizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y responder de manera rápida y efectiva a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y prevenir el reclutamiento de menores, asegurando su a la educación y la seguridad de los docentes. Por último, se enfatiza la necesidad de reforzar la atención en salud mental para las víctimas de la violencia y los desplazados, brindándoles apoyo integral.
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