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Desde el pasado 16 de enero se presenta una compleja situación de orden público por las acciones violentas del ELN, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, reveló que al menos 91.879 personas se han visto afectadas en el Catatumbo. Además, se ha registrado el desplazamiento masivo de por lo menos 56.091 personas.
"Esta situación ha generado el desplazamiento masivo de por lo menos 56.091 personas, constituyendo una de las crisis humanitarias por desplazamiento más grandes en los últimos años. En su mayoría, las personas arribaron a las ciudades de Cúcuta (22.459), Ocaña (10.292) y Tibú (13.541). El 3 de febrero finalizó la toma de censos por desplazamiento masivo, dando paso a la toma de declaraciones por desplazamiento individual", señala la OCHA.
Además más de 1.000 personas salieron hacia otros departamentos como Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Córdoba, César, Caquetá, La Guajira, Magdalena y Santander.
Por otro lado, cerca de 27.381 personas enfrentan restricciones a la movilidad en Ábrego, El Tarra, San Calixto, Teorama y Tibú, zonas en donde se ha dificultado el a bienes y servicios esenciales.
"De las 8.668 personas inicialmente confinadas, la mayoría ahora enfrenta restricciones críticas, mientras que 287 personas siguen confinadas en las veredas Santa Isabel, El Brandi, El Suspiro y Guadalupe (Tibú). Se conoce que aun no se ha tomado declaración de la población confinada, retrasando el a atención humanitaria. Las restricciones para el humanitario persisten en municipios como San Calixto, Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Hacarí, Sardinata, El Carmen y Ábrego el territorio, dificultando la respuesta a las necesidades de comunidades con restricciones a la movilidad y confinamiento. Entre enero y febrero, se han registrado 11 afectaciones a la Misión Médica en Tibú y Teorama, lo que resalta la urgencia de reforzar medidas de protección y garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) para asegurar la continuidad de la atención en salud", señala el reporte.
El pico de afectaciones a la población civil se dio durante las últimas dos semanas de enero, sin embargo, en febrero se siguieron presentando afectaciones. Algunas comunidades estarían retornando a sus hogares sin contar con las garantías de seguridad necesarias.
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"Algunas personas que permanecían en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú, estarían retornando sin las condiciones de seguridad a sus veredas, a pesar de los escenarios de riesgos derivados de la instalación de minas antipersonal, las amenazas y la continuidad de las acciones armadas. Estos retornos son impulsados por la necesidad de recuperar los medios de vida de las comunidades, en especial ante el deterioro de cultivos, el abandono de animales de crianza y los riesgos asociados al despojo de sus tierras y viviendas", advierte la OCHA.
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