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En el documento de 32 páginas firmado por el procurador general Gregorio Eljach, se expone que el estado de excepción se ajusta a la Constitución Política para enfrentar los hechos relacionados con la escalada de violencia por parte de los grupos organizados al margen de la ley en el Catatumbo y las violaciones de los Derechos Humanos de la población civil y a las reglas del Derecho Internacional Humanitario.
Por otro lado, la Procuraduría de Gregorio Eljach, las medidas relacionadas con los hechos superan un "test" leve de proporcionalidad en la medida que propenden por conjurar la grave situación del orden público en esa región del país; que está afectando de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
"Declarar la exequebilidad del decreto legislativo 062 de 2025, por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar", señala el documento.
La petición de la Procuraduría llegó al despacho de la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, quien tiene a cargo el estudio de la legalidad del estado de conmoción interior decretado por el presidente Gustavo Petro por la crisis humanitaria de un poco más de dos meses en el Catatumbo.
Congresistas y gremios como la Andi, le pidieron a la Corte Constitucional "tumbar" este decreto con el argumento de que carece de los elementos suficientes para justificar la necesidad del Estado de Conmoción Interior, argumentando que no demuestra de manera clara la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía para afrontar la crisis en la región.
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