Tras la segunda reunión de la subcomisión “Marco Judicial de la Paz Total”, las delegaciones del Gobierno y de las disidencias de las FARC-Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano coincidieron en la necesidad de establecer una ruta de solución judicial con plenas garantías jurídicas, indispensable para un acuerdo de paz definitivo. Esta ruta debe permitir que comandantes y combatientes tengan condiciones integrales de vida digna en una eventual reincorporación.
Aunque las delegaciones reunidas en la ciudad de Pasto no abordaron temas de concentración ni desmovilización, sí firmaron un acta de cinco puntos en la que se establecen claramente los avances de la subcomisión, cuyo objetivo es abordar la situación jurídica de los combatientes de las disidencias de las FARC-Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Ambas partes reconocen que la solución judicial es un asunto transversal a todas las mesas de diálogo de paz. Por ello, consideran fundamental tener en cuenta el estado de discusión de este tema en otras mesas que adelanta el Gobierno Nacional.
Asimismo, resaltaron la necesidad de buscar un acercamiento con instituciones que tienen competencia sobre los temas objeto de examen de esta subcomisión, como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Consejo Superior de la Judicatura.
En el acta firmada se establece que debe continuarse con el estudio de distintas alternativas normativas, incluyendo aquellas que impliquen posibles modificaciones a la Ley 975 de 2005. Para ello, deberán contemplarse fórmulas de armonización con soluciones restaurativas previstas en los modelos de justicia existentes, como la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena, siempre concertadas con las comunidades y respetando su autonomía, en aras de fortalecer las dinámicas territoriales.
Un punto discutido fue el uso de la fuerza de trabajo de los excombatientes en el desarrollo de transformaciones territoriales necesarias para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Igualmente, se abordó el reconocimiento de los derechos de las víctimas, su reparación integral y la restauración del territorio y del ambiente, elementos fundamentales para garantizar condiciones de vida digna en el proceso de reincorporación.
Los integrantes de la subcomisión “Marco Judicial de la Paz Total” acordaron que, para avanzar en la identificación de conductas que podrían configurarse como posibles delitos, es necesaria una discusión más amplia. Por ello, decidieron reunirse nuevamente en la primera semana de junio.
La delegación del Gobierno fue enfática al advertir sobre las limitaciones para medidas como la amnistía y el indulto, establecidas en el Acto Legislativo 02 de 2019, en relación con delitos como el porte, tráfico y venta de estupefacientes, así como el secuestro. Además, señaló que debe tenerse en cuenta el actual marco normativo constitucional y legal, así como las percepciones de la opinión pública sobre sanciones con privación de la libertad y la visión de las comunidades en el territorio sobre estos temas.
Por su parte, la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano afirmó que el modelo de solución de justicia debe reconocer el carácter político de la CNEB y la naturaleza del diálogo que ha sido reconocido oficialmente por el Gobierno Nacional.
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