Un juez de la Corte Suprema de Brasilordenó al expresidente Jair Bolsonaro entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas, en el marco de la operación policial de este jueves contra militares y aliados políticos del líder ultraderechista por intento de golpe de Estado, informaron medios locales.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que conduce las investigaciones en el alto tribunal sobre la trama golpista que, según las autoridades, actuó durante y después de las elecciones de 2022 para mantener en el poder a Bolsonaro e impedir la asunción del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Federal cumplió 33 órdenes de allanamiento y 4 de prisión en varios estados brasileños dentro de este gran operativo que apunta directamente al exmandatario y a varios de sus más estrechos correligionarios, entre ellos militares de alta graduación.
De acuerdo con la prensa brasileña, fueron objeto de registros los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos.
También están en esa lista el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.
La Policía Federal sospecha que ese grupo de políticos y militares integraron una "organización criminal" que actuó "en la tentativa de golpe de Estado" para "mantener al entonces presidente de la República en el poder", según señaló la institución en una nota.
La aprehensión del pasaporte de Bolsonaro se enmarca dentro de las 48 medidas cautelares ordenadas por el Supremo contra los investigados, que también incluye "la prohibición de mantener o" con el resto de sospechosos y de dejar el país; y la suspensión de sus funciones públicas.
Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y líder de la extrema derecha brasileña, ya estaba siendo investigado en el Supremo por "incitar" a sus seguidores a invadir y destrozar las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Congreso el 8 de enero de 2023, en un intento por derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido una semana antes.
Según afirmó la Policía Federal, los investigados construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que el país usa desde 1996 en sus procesos electorales y que nunca dieron problemas.
La Policía aseguró también que el grupo actuó "para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible".
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