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En medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia ser escuchada en diligencia de declaración. La petición fue radicada ante el magistrado César Augusto Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, luego de que la Fiscalía General de la Nación descartara otorgarle un principio de oportunidad.
Ortiz, la funcionaria de más alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro mencionada hasta ahora en este caso, busca que el alto tribunal la escuche como parte de las investigaciones en curso sobre aforados, entre ellos el expresidente del Senado, Iván Name.
Esta solicitud se presenta como una respuesta directa a la decisión de la fiscal Cristina Patiño, quien cerró la puerta a la posibilidad de otorgar un principio de oportunidad debido a la "gravedad de las conductas" que se le atribuyen a Ortiz.
Según explicó la Fiscalía, un principio de oportunidad implica inmunidad total temporal a cambio de colaboración sustancial, mientras que un preacuerdo requiere que el implicado acepte cargos, lo que conlleva una condena con reducción de pena. Esta última figura ha sido utilizada en el caso de otros implicados como Olmedo López y Sneijder Pinilla, quienes ya han firmado preacuerdos con el ente acusador.
La Fiscalía justificó su decisión en la supuesta conducta "errática y contradictoria" de Ortiz, así como en su entrega anticipada de información a medios sin una negociación formal en curso. No obstante, la exconsejera insiste en que tiene información relevante para las investigaciones en curso, y que su intención es colaborar plenamente con la justicia.
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