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Este viernes, 29 de noviembre, se realiza la imputación de cargos a la exacta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien es señalada de haber cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de una investigación sobre presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).
La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria jugó un papel clave en el traslado de grandes sumas de dinero ilícito, obtenido de dineros de la UNGRD fraudulentos hacia el presidente del Senado, Iván Leonidas Náme Vázquez.
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Según la Fiscalía, Ortiz estuvo involucrada en el transporte de un total de 3.000 millones de pesos en efectivo en dos ocasiones distintas. Estos montos provinieron de funcionarios de la UNGRD, como Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la entidad, y Sneyder Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres.
El dinero, que fue presuntamente obtenido a través de delitos como el interés indebido en la celebración de contratos y el peculado por apropiación agravado, tenía como destino final la entrega al presidente del Senado.
Asimismo, la Fiscalía corroboró que la orden que recibió Sandra Ortiz de entregar dineros a Iván Name y Andrés Calle provino del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
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La fiscal del caso detalló el modus operandi de los implicados, indicando que el 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, Sandra Ortiz recibió una maleta con 1.500 millones de pesos en Residencias Tequendama, en Bogotá. Dicho dinero fue transportado por ella y Pinilla Álvarez en vehículos oficiales asignados a Ortiz por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Departamento istrativo de la Presidencia (DAPRI). El dinero fue entregado a Iván Náme Vázquez, en su residencia, en el norte de Bogotá.
Al día siguiente, el 13 de octubre, Pinilla Álvarez regresó con otra suma idéntica de 1.500 millones de pesos, que fue entregada nuevamente a Ortiz en el mismo apartamento. El total de los 3.000 millones de pesos fue transportado y entregado por Ortiz al presidente del Senado, quien presuntamente recibiría los fondos de origen ilícito.
La Fiscalía considera que estos actos constituyen una clara violación de la ley, al involucrar el transporte y ocultamiento de dinero obtenido por medios ilegales. La imputación de cargos contra Sandra Ortiz responde a la necesidad de investigar y sancionar el entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno y el Congreso de la República, en una trama que ha afectado gravemente la confianza en las instituciones públicas.
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