En una reunión que se realizó el pasado 5 de noviembre, entre los líderes delparo mineroy la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, las partes llegaron a acuerdos que buscan mejorar las condiciones del sector minero en Colombia, especialmente en lo que respecta a la protección de las comunidades afectadas por la declaratoria de nuevas áreas de reserva y la formalización de la minería.
Uno de los principales compromisos del Ministerio de Ambiente fue no declarar nuevas reservas temporales sin antes realizar un proceso de concertación con las comunidades locales. Esta promesa fue bien recibida por los líderes mineros, quienes han denunciado que muchas de las actuales reservas se han declarado de manera inconsulta, afectando a miles de familias mineras en todo el país.
Ivonne González, presidenta de Asomineros de Vetas y delegada de la coordinadora Nacional Minera, destacó que la reunión fue positiva y resaltó la declaración expresa de la ministra Muhamad sobre la no emisión de nuevos actos istrativos que declaren áreas de reserva hasta que se lleve a cabo el proceso de consulta y concertación con las comunidades afectadas. “Confiamos en que la ministra cumplirá su palabra”, indicó González, quien enfatizó la necesidad de que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas en todos los territorios.
Siete propuestas clave para resolver los conflictos mineros
Durante el encuentro, los pequeños y medianos mineros presentaron al Ministerio de Ambiente un paquete de siete propuestas claras y bien fundamentadas que abordan diversas problemáticas generadas por el Decreto 044 de 2024 y otras normativas que afectan a la minería en Colombia.
Entre las principales preocupaciones de los mineros se encuentra la incertidumbre generada por la prohibición de la minería en determinadas áreas, lo que, según ellos, ha llevado a muchas regiones, con una larga tradición minera, a una situación de ilegalidad y pobreza.
Las propuestas incluyen soluciones a los impactos socioeconómicos de la minería en territorios como Pisba (Boyacá), Sur de Bolívar, y diversas zonas de Antioquia, Santander y Putumayo. Según los mineros, estas regiones llevan años sin poder formalizar sus actividades mineras, lo que afecta a miles de trabajadores y sus familias, impidiendo el a condiciones laborales dignas y generando impactos negativos en el desarrollo de las comunidades.
Los mineros solicitaron durante la reunión, priorizar la formalización minera como alternativa frente a la ilegalidad.
“Es fundamental que el Gobierno Nacional apoye todos los procesos de formalización minera que ya existen, independientemente de su modalidad, para que podamos avanzar hacia una minería legal y responsable, que no solo proteja el medio ambiente, sino que también brinde garantías sociales y económicas a las comunidades”, indicó la representante del gremio Ivonne González.
En este sentido, también se discutió la importancia de respetar el Acuerdo de Escazú, que obliga a los gobiernos a garantizar el derecho de a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental en todos los procesos que afecten a las comunidades.
La reunión, que también contó con la presencia de la Procuraduría General de la Nación y más de 30 representantes de comunidades mineras, dejó claro el compromiso de ambas partes para establecer un grupo de seguimiento a los acuerdos alcanzados. Este grupo estará compuesto por representantes del Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, y los alcaldes y gobernadores de las regiones mineras del país.
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