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Fueron 32 horas de diálogos entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Chocó y los mineros que adelantaban el paro en los municipios de Novita, Lloró, El Atrato, Tadó, Cértegui y Quibdó, exigiendo la formalización para los que adelantan labores a pequeña y mediana escala con maquinaria.
Los manifestantes se comprometieron a levantar los bloqueos que sostenían en la vía entre Quibdó e Istmina, a la altura del municipio de El Atrato, pero, a la par, lograron unos preacuerdos que serán confirmados este 13 de noviembre en la Mesa Minera, así lo dio a conocer la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba.
“En esa sesión concluiremos los compromisos para que en efecto pueda comenzar en el Departamento del Chocó el proceso de formalización y titulación que le permita a los pequeños y medianos mineros tener unas garantías y unas protecciones, pero también que puedan asumir sus responsabilidades con respecto al territorio y puedan trabajar dignamente, que sabemos que este es el sustento de muchas familias en el Departamento del Chocó”, dijo la mandataria.
José Correa, representante de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó, reconoció que hay una muestra de voluntades por parte de los involucrados, aunque no todo está resuelto.
“Históricamente Chocó, en una lucha de 12 años, venimos buscando la caracterización y hoy logramos avanzar en ese punto. Tenemos un punto que falta por refrendar, por falta de que el Ministerio de Defensa no vino. Creemos que hemos avanzado significativamente para el sector minero y con el preacuerdo que se hizo hoy frente al gobierno nacional, hemos visto que hay voluntades, entonces cedemos”, expuso el minero.
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¿Por qué protestan los mineros?
Una de la razones está en que el río Atrato es sujeto de derechos, punto en el que el Gobierno estaría incumpliendo, según dijo Ariel Antonio Quinto Murillo, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó.
Pero el listado de peticiones también incluye un plan de formalización y regulación para su labor, reactivación de las solicitudes de regularización y formalización radicadas por mineros tradicionales del territorio, la no destrucción de las unidades de producción minera, el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como autoridades ambientales, además de que cese la estigmatización de los mineros ancestrales como criminales.
Quinto Murillo también denunció que en Colombia se siguen dando concesiones mineras a grandes empresas, sin que se lleva a cabo la consulta previa a la ciudadanía, como dicta la ley; lo que se suma a que sus reclamos no quedaron incluidos en el reciente paro minero de Antioquia (Bajo Cauca) y Bolívar.
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