Las comunidades indígenas, afrodescendientes, líderes sociales y asociaciones de campesinos del Pacífico nariñense afirman que están dadas las garantías para pactar un cese bilateral del fuego, pero advierten que les preocupan los constantes operativos militares, los cuales podrían provocar el rompimiento de los diálogos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Los representantes de estas comunidades, que fueron invitados a la instalación de la quinta sesión de conversaciones de paz, señalaron que, desde hace un año, cuando comenzaron los acercamientos con los frentes que integraban la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, la violencia en sus territorios ha disminuido hasta en un 90 %.
Los líderes sociales —quienes pidieron omitir sus identidades— llegaron de los municipios de Roberto Payán, Barbacoas, Tumaco, Ricaurte, Mallama, Magüí Payán, Olaya Herrera, entre otras poblaciones afectadas históricamente por el conflicto armado. Aseguran que perciben avances y medidas concretas para garantizar su seguridad y bienestar durante un eventual cese bilateral del fuego.
Según dijeron a Blu Radio, están cansados de solicitar al Estado colombiano que estas garantías incluyan mecanismos efectivos de monitoreo y verificación, así como compromisos claros de las partes en conflicto —Ejército Nacional y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano— para evitar ataques contra la población civil.
“No se puede estar dialogando y, al mismo tiempo, planeando cómo capturar o matar a los comandantes de cualquiera de las seis estructuras ilegales que conforman la Coordinadora Ejército Bolivariano”, expresó una de las líderes sociales. A pesar de ello, reiteró su confianza en la política de paz del presidente Gustavo Petro, aunque le preocupa que un sector de la cúpula militar esté desatendiendo las orientaciones del jefe de Estado.
Las inquietudes de las comunidades fueron escuchadas por las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora durante el primer día de diálogos, que se desarrolla en el resguardo indígena de Inda Zabaleta, en zona rural de Tumaco, en el Pacífico nariñense.
Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, afirmó que actualmente no existen suficientes garantías jurídicas para el diálogo. “Si queremos avanzar en los procesos de paz, es necesario que el Congreso legisle sobre este tema y cree condiciones que permitan avances jurídicos en estos procesos”, expresó.
“Temo que, si no hay avances importantes en materia de garantías jurídicas, no habrá condiciones para que el diálogo prospere. Por eso hacemos un llamado al Congreso de la República, en especial a la Comisión Primera y a la Comisión de Paz, para generar un espacio donde podamos mostrar los resultados de la paz territorial en el departamento de Nariño y dar un nuevo impulso a la agenda de paz en el Congreso, porque es urgente que esté presente”, añadió.
Escobar subrayó que estos procesos deben avanzar hacia un diálogo que permita el desescalamiento del conflicto y la implementación de inversiones en el territorio.
“Pero es necesario que existan garantías para que el diálogo avance y que las condiciones sociojurídicas de los combatientes que participan en estos procesos permitan recuperar la confianza en el Gobierno nacional y en las comunidades”, insistió el gobernador.
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