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Preocupada quedó la Procuraduría General de la Nación luego de una reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para hacerle seguimiento a la intervención de la empresa Air-e, de la que aseguró que a la fecha no hay un plan de solución definitivo para su reorganización o liquidación, y menos propuestas concretas para sostener la prestación del servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Según el Ministerio Público, la cita buscaba atender inquietudes pero “la Superservicios no fue clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados por el organismo de control; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida”.
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Por ello, y junto con la Contraloría General de la República, la Procuraduría cuestionó que la Superservicios no tuviera informes consolidados sobre el monto de la deuda actual que tiene la electrificadora con las generadoras energéticas y sobre el patrimonio y activos de la entidad.
Además, les llamó la atención que ni la Superservicios ni la agente especial Diana Bustamante tienen planes definitivos para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio y tampoco una medición de los impactos causados por la decisión.
Al parecer, la entidad tampoco presentó un informe de las actuaciones que ha surtido para cumplir con las órdenes del Tribunal istrativo de Cundinamarca sobre la información relativa a los análisis detallados que sustentaron la modalidad de toma de posesión de la empresa energética.
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“En sus acciones preventivas, las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advierten que la complejidad de esta intervención evidencia una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes lo que podría comprometer la continuidad y calidad del servicio para millones de s en todo el país”, escribió la PGN en un comunicado.
Finalmente, la Procuraduría creó la Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético para vigilar de cerca la crisis que enfrenta la región Caribe, citó a una nueva mesa técnica para el próximo 28 de mayo y requirió nueva información para el 16 de mayo.
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