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Hace solo un par de horas la Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Montería, Córdoba, Jorge Eliecer Doria Corrales (2016 - 2020), por presuntamente omitir la aprobación de la reforma de los estatutos con la que se modificaba la facultad que le permitía aprobar el Manual de contratación, compra y suministro, así como sus modificaciones y actualizaciones.
En otras palabras, al parecer decidió no aprobar una reforma a los estatutos que le iba a quitar el poder exclusivo para decidir sobre contratos, compras y suministros en dicha corporación.
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La Procuraduría Regional de Instrucción de Sucre señaló que “el entonces directivo también habría pasado por alto incluir en el documento un sistema de selección para la contratación que brindara garantías al cumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia, igualdad, imparcialidad y pluralidad de oferentes, para evitar la discrecionalidad de quien ocupe la presidencia de la entidad”.
Por otro lado, el ente de control también indicó que “Dorias Corrales no tuvo en cuenta que se trataba de una discusión en la que se aludía al manejo de recursos públicos, pese a lo cual, al parecer, se negó a aprobarla sin ninguna justificación”.
Por los mismos hechos, la entidad profirió cargos a quien fungía en el mismo periodo como vicepresidente de la corporación, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, y los entonces vocales Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, quienes con su posible actuación se apartaron del cumplimiento de las obligaciones que rigen la función pública.
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La Procuraduría sostuvo que los disciplinables sabían que al no adoptar la reforma propuesta se perpetuaría en la entidad la selección y “adjudicación de los contratos a las mismas sociedades comerciales que los obtuvieron durante los últimos años”.
Finalmente, la PGN adujo que por el supuesto bloqueo del mecanismo que se intentaba reformar, que impidió hacer más eficiente y transparente el manejo de los recursos, los cinco servidores pudieron quebrantar el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó la conducta como gravísima cometida a título de dolo.
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