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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que su istración no permitirá una nueva ocupación del Parque Nacional por parte de comunidades indígenas embera, tras el intento registrado la tarde del pasado 7 de mayo, cuando más de 140 personas, incluidos 55 menores de edad, se instalaron nuevamente en el emblemático espacio público capitalino.
En entrevista con Mañanas Blu, Galán aseguró que la istración distrital ha dispuesto albergues, servicios sociales y asistencia integral, pero denunció que la guardia indígena ha bloqueado los esfuerzos de atención institucional. “Ofrecimos los centros Amar para garantizar los derechos de los menores, pero la guardia indígena impidió que los niños fueran trasladados. Eso es inaceptable”, señaló enfáticamente el alcalde.
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La llegada de comunidades indígenas embera a Bogotá ha sido una constante en los últimos años, marcada por desplazamientos forzados derivados de la violencia en departamentos como Chocó y Risaralda. En 2021 y 2023 ya se habían presentado ocupaciones del Parque Nacional, que terminaron con costosas intervenciones del Distrito.
Según cifras del propio alcalde, solo en 2024 se han invertido más de $17.000 millones en atención integral a esta población, incluyendo salud, educación y albergue. “Bogotá ha hecho un esfuerzo que incluso supera sus competencias. Hemos financiado albergues que deberían estar en manos de la Unidad de Víctimas”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos de la entrevista giró en torno al uso de menores como herramienta de presión en las protestas. Galán fue enfático: “Lo más importante aquí no es que digamos ‘no pueden estar en el parque’ por capricho, sino porque no es un lugar adecuado para que niños pequeños pasen la noche a la intemperie”.
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Ante esta situación, el mandatario pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) actuar con decisión. “Ya no basta con acompañar. El ICBF debe tomar medidas de restablecimiento de derechos. No puede permitirse que los menores duerman en la calle mientras el Estado les ofrece albergue digno”, enfatizó.
El Distrito ha dispuesto dos Unidades de Protección Integral (UPI) —la de La Rioja y la de La Florida— que actualmente cuentan con cupos disponibles para recibir a los indígenas desplazados. Según Galán, en estos centros hay cerca de 700 personas, pero se puede recibir a más, especialmente a las familias que hoy se encuentran en el Parque Nacional.
“Tenemos espacio, tenemos los recursos y tenemos la voluntad. Lo que no vamos a permitir es que se vuelva a repetir una ocupación que afecte los derechos de los menores y el uso del espacio público”, dijo el alcalde, recordando que la recuperación del parque en 2023 costó más de $3.000 millones, sin contar los gastos de logística, ambulancias y presencia permanente de funcionarios del PMU.
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Galán aclaró que si bien Bogotá ha asumido responsabilidades que le superan, el retorno de estas comunidades a sus territorios es competencia exclusiva del Gobierno Nacional. “Más del 80 % de los indígenas embera quieren regresar, pero no se les han dado las garantías. Se necesita intervención estatal en seguridad, vías y proyectos productivos en sus regiones de origen”, aseguró.
Lamentó que desde noviembre de 2023 no se hayan hecho avances sustanciales por parte de la Unidad de Víctimas y exhortó a su directora, Gloria Cuartas, a “activar el proceso y poner los recursos”.
Durante la jornada, también se registraron imágenes polémicas que generaron cuestionamientos ciudadanos. Funcionarios del ICBF fueron vistos comiendo helado mientras los menores permanecían en condiciones precarias. “Eso envía un mensaje muy negativo. No puede haber desatención mientras la población infantil sufre”, dijo Galán, aunque aclaró que el bienestar familiar sí ha estado presente en el proceso.
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