En el comunicado, la Corporación de Encuentro de Dirigentes del suroeste antioqueño expresó su preocupación ante el anuncio de la saliente ministra Susana Muhamad, alegando que esto podría afectar gravemente el desarrollo económico y social de los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, La Pintada y Fredonia, que serían incluidos en la resolución de declaratoria.
La medida, que buscaría delimitar zonas de protección ambiental con el fin de prohibir temporalmente las actividades mineras en dichos territorios, hasta que se determine su compatibilidad con la zonificación ambiental. Sin embargo, líderes de la región explicaron que esta medida atenta contra el desarrollo sostenible y los derechos adquiridos de las comunidades que dependen de la actividad minera y otros sectores productivos.
"No estoy de acuerdo con las áreas de reserva del Gobierno que nos quieren aplicar a nosotros. Tampoco estoy de acuerdo que nos obliguen a sembrar lo que nosotros no queremos, ¿cómo es que en una vereda vamos a sembrar arroz?, ¿cómo es que en una vereda vamos a cultivar búfalos? Eso es imposible", explicó, Arturo Ramírez, líder campesino en Jericó.
"Nos preocupa que el Ministerio de Ambiente nos vaya a declarar esta zona como reserva ambiental, puesto que aquí, en el municipio de La Pintada, somos más de 75 mineros los que estamos en la Asociación de Mineros, más en la minería artesanal, dependemos, por lo menos, de 650 mineros artesanales. Entonces, no entiendo por qué el Ministerio de Ambiente declara esta zona como reserva ambiental, sin hasta el momento dar la cara y hablar con nosotros", expresó Antonio Saldarriaga, presidente de la Asociación de Mineros Los Caucanos.
Los dirigentes regionales realizaron una petición urgente al gobierno Nacional para que se abra un espacio de diálogo que permita construir soluciones concertadas que garanticen la protección del medio ambiente sin afectar el progreso económico de la región.
Adicionalmente, organizaciones como ‘Jericoanos con Visión’, también rechazaron la intención del Ministerio de Ambiente, pues indicaron que es una medida que pone en riesgo los empleos, la inversión y la estabilidad de cientos de familias que dependen de las actividades productivas del municipio.
Además, expresaron que Jericó y el suroeste "no necesitan prohibiciones arbitrarias, sino diálogo y planificación para un desarrollo sostenible".
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