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A más de una semana de los primeros combates en zonas rurales de Valdivia, Antioquia, como las veredas La Llana y La Coposa, la situación de orden público sigue tensa, pues no solo ha obligado al desplazamiento de decenas de familias, sino al confinamiento de tantas otras que siguen en medio de posibles enfrentamientos.
Según el reporte del personero municipal, Fabio Mazo, ya son 225 personas las que se han trasladado al casco urbano y siguen recibiendo atención en el coliseo municipal, aunque cerca de otras 20 han decidido autoalbergarse.
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Sin embargo, en zona rural son unos 352 habitantes los que tienen temor de salir de sus viviendas y han optado por refugiarse en la iglesia del corregimiento El Raudal.
"Algunas personas están en la iglesia desde el día de ayer. Y el resto de personas están en las viviendas, pero pues también en el tema de confinamiento. Algunas personas están pues en el proceso de censar bien, que hizo pues un comité de justicia transicional, también para tratar el tema de confinamiento en El Raudal", mencionó el personero.
Mientras avanza la caracterización de estas personas, el líder del Ministerio Público en esta localidad del norte de Antioquia solicitó apoyó de entidades nacionales, no solo en materia de la atención humanitaria de los desplazados, sino a la fuerza pública acciones para garantizar el pronto retorno de estas personas a sus hogares.
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"La prioridad es la protección humanitaria de la población, pues haberlo atendido por parte de las entidades competentes, pues un llamado a la Fuerza Pública también como para hacer de poder hacer esa consolidación de ese territorio, que permita, pues, por supuesto, digamos, garantizar la seguridad de las personas que en este momento se encuentran en el corregimiento", solicitó Mazo.
Aunque la presencia de la fuerza pública podría generar cierto tranquilizante para el retorno, la preocupación persiste por la presencia de artefactos explosivos y posibles retaliaciones de uno de los grupos en disputa como el Clan del Golfo que podría tomar represalias contra la población civil al señalarlos de ser simpatizantes de las disidencias de las Farc o el ELN.
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