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Las próximas siete semanas serán frenéticas y cruciales para el futuro político del país, coincidiendo con el final de la actual legislatura y con grandes desafíos en medio de la creciente tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República.
Este lunes arranca la discusión en el Senado de la propuesta del presidente Petro para llevar a cabo una consulta popular con el fin de llevar a las urnas a los colombianos para que decidan si están o no de acuerdo con 12 puntos que resumen la reforma laboral del Ejecutivo que por falta de consenso, se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara Alta.
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El ambiente en el que el Senado decidirá si aprueba o no la propuesta del presidente Gustavo Petro no puede estar más caldeado y enrarecido, no solo por las amenazas del jefe de Estado con revocar el Congreso si la iniciativa se hunde, sino también porque los sectores políticos y sociales afines al Gobierno han emprendido una serie de acciones de calle, como marchas, para pedirles a los congresistas que le den la bendición a la consulta.
El Senado tiene 30 días para decidir en pleno si aprueba o no la convocatoria a la consulta popular solicitada por el presidente: si la mayoría de los senadores da el visto bueno, el Gobierno tendría que convocar a los colombianos a las urnas a más tardar el próximo primero de septiembre. Si el Senado no la aprueba, el Gobierno no podrá hacer la convocatoria.
De manera simultánea, el Senado tiene en sus manos dos “papas calientes”: tendrá que definir si aprueba o no el proyecto de reforma laboral presentada por el Partido Liberal y el proyecto de reforma a la salud.
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Mientras tanto, el presidente Petro sigue con su discurso ambiguo: vuelve a invitar a los sectores empresariales a un acuerdo nacional, pero de manera simultánea amenaza con nuevos bloqueos y paros y comienza a ambientar una posible “huelga general”, en caso de que el Senado hunda la consulta popular, idea que también utiliza su partido, Colombia Humana.
No cabe duda de que, con el pretexto de la consulta popular, el presidente arrancó la campaña para mantener su proyecto en el poder en 2026, pero no debe dejar de lado el respeto a la independencia de poderes y las garantías para la oposición.
Y mientras tanto, el país necesita quién gobierno y atienda los graves problemas de orden público, la crisis de la salud y otros problemas sin solución que aquejan a los colombianos.
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