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No la tiene fácil Emilio Tapia, viejo conocido del “carrusel de la contratación” de Bogotá, para evitar la inminente posibilidad de regresar a la cárcel, esta vez por cuenta del escándalo relacionado con la expedición de pólizas falsificadas para acceder al contrato por más de un billón de pesos entre Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados para dar conectividad a miles de colegios en zonas apartadas del país.
El “arsenal” de evidencias que tiene en su poder la Fiscalía incluyen 5.000 páginas con testimonios, documentos, análisis grafológicos y hasta copias de chats y de otras conversaciones virtuales, que demostrarían que Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, extrabajador de RAVE Seguros, se pusieron de acuerdo para falsificar documentos con el fin de ganar la licitación.
Para la Fiscalía es claro que pese a seguir pagando una condena inicial de 15 años de cárcel, reducida a 7 por cuenta de su colaboración con la justicia delatando a otros delincuentes del “carrusel de contratos”, Emilio Tapia era quien dirigía y tomaba decisiones en la Unión Temporal Centros Poblados, incluyendo las actuaciones ilegales.
Uno de los “ases” bajo la manga que tiene la Fiscalía para pedir cárcel para los detenidos está en una carpeta del expediente, son dos interrogatorios de personajes clave dentro del desfalco, que habrían llegado a un acuerdo con la justicia a cambio de contar toda la verdad: se trata de Juan Carlos Cáceres Bayona, el hombre de Nuvotic y Jorge Alfonso Molina Mayorga, quien habría hecho el trámite de las pólizas falsas.
En uno de esos testimonios, Cáceres le confesó a la Fiscalía que Tapia le ordenó hacer giros al exterior, porque se trataba de uno de los socios y representante de tres de las constructoras de la Unión Temporal. Uno de los giros se hizo a la firma SAFE internacional por 120 mil dólares y otro a la firma CIMEXP por 73 mil dólares cuyo aparente destino era Dubai.
Otra prueba clave que tiene en su poder la Fiscalía es un estudio grafolófico que concluye que las firmas de dos supuestos funcionarios del banco Itaú que habrían avalado las garantías, una de ellas sobre un billón de pesos, son falsificadas, estamos hablando de las firmas de Jorge Alberto Villa López e Ignacio José Giraldo.
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La “almendra del caso” pareciera estar en lo que narró la Fiscalía, según lo cual, Tapia y compañía habrían accedido a la compra de pólizas falsas porque ninguna empresa de seguros les quiso expedir de manera legal una póliza de seriedad que garantizara sus trabajos, debido a los cuestionamientos que ya venían atravesando, y ahí es cuando Tapia a a Jorge Alfonso Molina García- Mayorga quien a su vez tramita los seguros falsificados por medio de Jorge Enrique López.
El “puntillazo” está en unos chats en los que incluso tenían creados grupos específicos para hablar de las garantías, en los que Luis Fernando Duque sabía y advertía que si citaban a audiencia de incumplimiento, la caducidad era inminente, ante la falsedad de los documentos.
Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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