Procuraduría rechaza actos de maltrato infantil en comunidad emberá en Risaralda
Tras los actos de maltrato infantil en un resguardo donde niñas emberá habrían sido azotadas en varias partes de su cuerpo por de su comunidad, la Procuraduría exigió investigación.
La Procuraduría General de la Nación expresó su rechazo contundente frente a los actos de violencia infantil registrados en el resguardo Gitó Dokabú, ubicado en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Según informó el ente de control, niñas y adolescentes indígenas de la comunidad emberá habrían sido sometidas a castigos físicos extremos que constituyen un grave caso de maltrato infantil y violencia basada en género.
De acuerdo con el reporte oficial, menores de edad fueron atadas y suspendidas de las manos, mientras recibían azotes en la parte inferior de sus cuerpos por parte de adultos de la misma comunidad. Según la entidad, estos hechos, calificados como crueles y degradantes, sobrepasan cualquier enfoque de respeto cultural y atentan directamente contra los derechos fundamentales de la infancia. Además, advirtió que, aunque respeta la diversidad étnica y las costumbres ancestrales, no tolerará prácticas que vulneren los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Embera / referencia
Foto: suministrada
Ante la gravedad del caso, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Familia y la Mujer, junto con la Delegada para Asuntos Étnicos, activaron rutas urgentes de protección. Se ordenó la intervención de un procurador judicial especializado en defensa de derechos de la infancia, para garantizar el seguimiento legal del caso y asegurar que las menores reciban acompañamiento integral y que se respeten plenamente sus garantías fundamentales.
Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación rigurosa y pronta que permita esclarecer los hechos y aplicar las medidas necesarias de protección. El organismo recordó que la protección de los derechos de los menores es un deber constitucional que prevalece sobre cualquier otro interés y está respaldado por tratados internacionales ratificados por Colombia.