Foto: Blu Radio
Thomas Greg & Sons desiste de demanda contra Colombia por caso pasaportes
La pretensión de Thomas Greg and Sons era por 117.000 millones de pesos.
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Thomas Greg and Sons anunció su decisión de desistir de la demanda interpuesta contra el Estado colombiano por la no adjudicación del contrato para la expedición de pasaportes. Esta decisión pone fin a un prolongado conflicto legal que se había extendido por casi dos años y que involucraba una pretensión económica significativa.
En un comunicado emitido este miércoles, 29 de enero, la UT Pasaportes 2023 explicó que su principal pretensión era que se le permitiera ejecutar el contrato, y que, tras la continuidad del servicio mediante nuevos acuerdos, considera que su reclamación ha sido resarcida en términos aceptables.
La empresa, representada por la Unión Temporal, había reclamado inicialmente una compensación de $117,000 millones ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca. Sin embargo, tras considerar que sus intereses han sido resarcidos de manera satisfactoria en un nivel aceptable, han optado por retirar voluntariamente las pretensiones legales.
La demanda surgió luego de que el entonces canciller Álvaro Leyva declarara desierta la Licitación Pública 001 de 2023, lo que llevó a Thomas Greg & Sons a tomar acciones legales contra el Estado. Sin embargo, para garantizar la continuidad del servicio, el Gobierno prorrogó el contrato bajo urgencia manifiesta hasta octubre de 2024 y posteriormente hasta 2025.
Según declaraciones de la empresa, el acuerdo alcanzado implica que continuarán participando en la producción de pasaportes hasta septiembre de 2025, fecha en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores implementará un nuevo modelo en colaboración con Portugal.
El Gobierno colombiano, por su parte, ya había firmado un memorando de entendimiento con Portugal para cooperar en el desarrollo de este nuevo tipo de pasaportes, delegando a la Imprenta Nacional la responsabilidad del proceso, que aún se encuentra en sus primeras etapas.
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Este acuerdo, que comenzará a ejecutarse en 2025, busca reducir la dependencia de proveedores externos y garantizar la seguridad en la emisión de los documentos.
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