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El Ministerio de Salud emitió una respuesta oficial a la Corte Constitucional en el marco del incidente de desacato abierto en contra del titular de esta cartera por incumplimientos relacionados con los presupuestos máximos del sistema de salud para el año 2024. Este proceso fue ordenado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, tras evidenciar múltiples incumplimientos en las directrices financieras ordenadas en el Auto 2881 de 2023.
En el documento, el Ministerio, representado por su director jurídico, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, solicitó aclaraciones respecto al Auto 2049 de 2024. Según esta entidad, existen inconsistencias en las órdenes impartidas por la Corte que generan ambigüedad y dificultan su cumplimiento.
Uno de los puntos principales expuestos se refiere a la falta de claridad en los plazos establecidos para el pago de los presupuestos máximos de 2024, ya que las fechas señaladas en el Auto fenecieron antes de que el Ministerio fuera notificado oficialmente el 21 de enero de 2025.
Adicionalmente, el Ministerio señala que ciertas órdenes de la Corte parecen contradecir disposiciones legales vigentes, como el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, que regula los procedimientos istrativos para la transferencia de recursos a las EPS. Entre los aspectos más críticos, se advierte que los términos fijados por la Corte para los pagos y auditorías no son compatibles con las normativas establecidas ni con los tiempos requeridos para garantizar el adecuado control y flujo de los recursos.
En su respuesta, el Ministerio planteó varias solicitudes puntuales de aclaración a la Corte:
La Corte Constitucional otorgó al Ministerio de Salud un plazo de 48 horas para responder y presentar evidencia sobre el cumplimiento de los presupuestos máximos correspondientes. Además, ordenó que se ejecuten los pagos pendientes para el segundo semestre de 2024 y advirtió que cualquier incumplimiento adicional podría acarrear sanciones legales, incluyendo compulsa de copias a la Fiscalía.
Este incidente subraya la complejidad istrativa y legal que enfrenta el sistema de salud en Colombia, en medio de una crisis financiera que afecta directamente la prestación de servicios a millones de ciudadanos. La resolución final de este proceso será clave para garantizar la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de las garantías constitucionales en materia de salud.
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