El ministro de Justicia, Néstor Osuna, sigue a la espera de una respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el pedido de expedir una directriz que estipule que “los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir”, según explicó el jefe de la cartera.
En Blu Radio se consultó con exfiscales generales de la Nación que se refirieron a las implicaciones de esta decisión. En especial, con los integrantes de la primera línea que se encuentran en etapa de juicio o que ya fueron condenados. Muchos de ellos por los desmanes que se presentaron durante el estallido social de 2021.
El exfiscal Guillermo Mendoza explicó que la iniciativa es positiva en búsqueda de desestigmatizar la protesta social. Sin embargo, no significa que si se cumplen los requisitos dentro del código penal de un acto terrorista, se va a dejar de imputar ese delito o concierto para delinquir.
“Eso no se puede quitar a través de directrices, el delito de terrorismo existe en el código penal, lo que se puede es evaluar el comportamiento de los que están protestando a ver si en realidad encajan de la descripción que da la ley del delito de terrorismo”
Mendoza Diago expresó que este llamado del Gobierno tiene una intención de analizar mejor los casos dentro de la protesta “Esos actos de atacar a la fuerza pública o algo similar por ejemplo que lanzan un elemento incendiario contra un agente de policía obviamente eso puede encajar en una cosa más grave que el simple daño a bien ajeno o lesiones personales o puede ser hasta tentativa homicidio y si la persona muere se imputa el delito homicidio que es un delito sumamente grave”, afirmó.
Al respecto, el exfiscal Eduardo Montealegre se refirió a la situación con las personas que ya fueron condenadas en primera instancia o se encuentran en etapa de juicio. Aseguró que en caso de expedirse esta directriz, el curso de las investigaciones seguiría con normalidad y los abogados podrían apelar a las siguientes instancias como tribunales y altos tribunales. Incluso podría recurrirse a un juicio de revisión, pero no significa que se va a otorgar la libertad de manera inmediata a de la primera línea, ya que los fiscales deberían entrar a investigar caso por caso si se hizo una imputación errónea.
“El fiscal Barbosa quiso convertir toda protesta social en un acto de terrorismo que era una política de estado del Gobierno Duque, que era una política de Estado y quieren convertir toda la protesta de América Latina en protesta social en actos de terrorismo”, dijo el fiscal Montealegre.
Sobre esta controversia el abogado Rubén Darío Acosta quien ha defendido a varios integrantes de la primera línea señaló que para las personas que ya fueron condenadas tendrán que mostrar sus argumentos a las siguientes instancias para que se dé un giro en la sentencia teniendo en cuenta una eventual directriz expedida por la fiscal Luz Adriana Camargo.
"No existe ninguna posibilidad, de que un derecho constitucional pueda ser interpretado de forma punitiba, que termine convirtiéndose en un acto criminal, si eso ha sucedido ha sido una desafortunada interpretación(...) deben ser investigados las personas que cometieron delitos como terrorismo y concierto para delinquir pero no señalar toda la protesta".
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