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La Corte Constitucional ordenó a las instituciones religiosas del país entregar toda la información sobre sacerdotes presuntamente involucrados en actos de violencia sexual contra menores de edad y no obstaculizar el a estos datos en especial cuando son solicitados por periodistas.
La decisión llega luego de revisar alrededor de 120 tutelas y resolver 50 expedientes en las que periodistas insistían en que pese a que ese alto tribunal había emitido dos sentencias que obligaban a entregar la información, la iglesia seguía oponiéndose alegando estar amparados por la reserva de su profesión.
Gran parte de esas solicitudes fueron elevadas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes pedían la información de los sacerdotes que estarían involucrados en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Precisamente sobre la reserva de la información, la Corte determinó que la información solicitada sobre los sacerdotes o sobre los procesos penales tienen una intromisión menor sobre la vida privada de estas personas frente al interés común de la sociedad.
Incluso, la Sala Plena reiteró que no toda la información que istran las iglesias, por el hecho de su origen, es reservada.
“De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 133 de 1994 y el artículo 3.2 del Decreto 1377 de 2013, la condición de ministro o la profesión u oficio de sacerdotes se desarrolla, necesariamente, en el ámbito público y, por lo tanto, es información que, como lo precisó esta Corte en la sentencia T-091 de 2020, suele ser de público conocimiento, como consecuencia de la interacción social de los sacerdotes con la sociedad”, reseñó la Corte.
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En esa medida, el alto tribunal mencionó que el a dicha información adquiere aún más relevancia cuando se trata de la proyección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esto significa un nuevo respaldo de la Corte Constitucional al ejercicio periodístico luego de más de dos años de revisión de tutelas y acumulación de expedientes.
Además, este lunes 26 de mayo también ese alto tribunal le había ordenado a la Fiscalía entregar información sobre procesos penales contra autoridades religiosas por delitos sexuales o pederastia, tras fallar una tutela a favor de una periodista que solicitó esa información.
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Se trata de la periodista de la BBC, Andrea Díaz Cardona, quien presentó la tutela tras considerar que la Fiscalía no respondió de forma oportuna, completa ni congruente a la solicitud que hizo el 16 de abril de 2024, sobre 89 procesos penales registrados entre 1992 y 2023, particularmente sobre la participación de menores de edad como víctimas y la categorización clerical de los acusados.
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