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Una vez más, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)le está advirtiendo al Gobierno Nacional serios problemas con el Presupuesto General de la Nación de 2025, que ya radicó en el Congreso Nacional.
Una de las preocupaciones tiene que ver con los ingresos que proyecta el Gobierno y el recaudo a través de impuestos, pues para el Comité son ingresos inciertos.
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“El comité identifica riesgos sobre la expectativa del Gobierno en el recaudo esperado por gestión de la Dian, debido a que la incorporación de la planta de personal y las inversiones para la mejora de los sistemas de información tomará más tiempo del inicialmente previsto, según lo informado por la entidad”, explicó el comité como uno de los argumentos.
Es decir que para el Comité el Gobierno está haciendo cuentas con dinero que no tiene asegurado si va a ingresar y que el desfinanciamiento del Presupuesto sería superior a los $12 billones que ha señalado el Ministerio de Hacienda, enfrentando la necesidad de un nuevo plan de austeridad como ocurrió en 2024.
“El potencial de recaudo por gestión, calculado por el Carf en cerca de $6 billones, se ubica por debajo de los $28,6 billones incluidos en el PL del PGN 2025. (...) Lo anterior implica que se requeriría una reducción del gasto de alrededor de $ 22,6 billones para cumplir con la Regla Fiscal en 2025”, alertó el comité.
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El Carf finalmente emitió varias recomendaciones, además de revisar el proyecto presentado ante el Congreso: una de ellas es que el gobierno programe en 2025 el gasto por el déficit causado en 2024 por congelar la tarifa de los combustibles, es déficit estimado en cerca de $8 billones.
La insistencia para que el Gobierno acelere la revisión de estas falencias es que aumentan las necesidades funcionamiento, pasando de $120 billones en 2024 a $140 billones en 2025.
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“El Carf encuentra que, al igual que en 2024, el Gobierno programa gastos con cargo a ingresos inciertos. Esta práctica implica riesgos sobre el cumplimiento de la meta de Balance Primario Neto Estructural, lo cual aumenta la incertidumbre, dificulta la programación fiscal y obligaría a realizar recortes de gasto posteriores para cumplir con la Regla Fiscal”, criticó el comité de expertos.
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