Junta directiva de Ecopetrol niega haber sido consultada sobre contrato con firma de EEUU

La junta directiva de Ecopetrol aseguró que nunca fue consultada sobre el otrosí —por 5.8 millones de dólares— firmado con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo objetivo era medir el impacto del actual presidente de la compañía, Ricardo Roa, en su gestión al frente de la estatal petrolera.En un comunicado oficial, la junta dejó en claro que ni ella ni el Comité de Auditoría fueron informados sobre el cambio de alcance ni del incremento en el valor del contrato. Esta situación llevó a que en febrero de 2025 se ordenara la suspensión inmediata de las actividades derivadas de esa adición.Según el pronunciamiento, Ecopetrol ha trabajado desde 2008 con asesorías legales internacionales, especialmente relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FA) y asuntos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de su estrategia de control interno y cumplimiento regulatorio. En ese contexto, la contratación inicial de Covington & Burling LLP se dio el 29 de agosto de 2024 por solicitud de la propia Junta, bajo un proceso plural y sin participación del presidente Roa.Sin embargo, la ampliación del contrato, que dio origen a la polémica, se realizó sin la debida autorización de los órganos de gobierno corporativo. Por ello, la junta directiva solicitó auditorías e investigaciones internas para esclarecer los hechos, bajo respeto por el debido proceso, y advirtió que tomará las medidas legales y istrativas correspondientes con base en los resultados.Además, el órgano directivo reiteró su disposición a colaborar con los entes de control que actualmente adelantan investigaciones por este caso y afirmó que las acciones legales buscan salvaguardar la integridad, reputación y transparencia de la compañía.Finalmente, la junta enfatizó que esta situación no afecta la solidez financiera ni operativa de Ecopetrol. Reafirmó su compromiso con la transparencia, el buen gobierno corporativo y la protección del patrimonio público, asegurando que los planes de producción y crecimiento de 2025 siguen en marcha sin alteraciones.