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El presupuesto para el 2025 será de 523 billones de pesos y aunque varios sectores han puesto el grito en el cielo por la magnitud de la cifra, el Gobierno se defiende explicando que la mayor parte de esa plata ya está amarrada por la constitución y la ley.
Por ejemplo, la regla fiscal obliga a pagar las deudas antes que nada y para el año entrante se habla de 112 billones de pesos. En segundo lugar, la Constitución obliga a transferir recursos a los municipios y departamentos según una fórmula fija que para el próximo año suma 82 billones de pesos. En tercer lugar, el pago en pensiones sumará 66 billones. Y la lista sigue.
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Hoy el 92 % del presupuesto de 2025 debe ser repartido según las leyes vigentes y el Gobierno solo puede disponer de un 8 % para distribuir según sus prioridades y su agenda.
"Al final en 2024 solo teníamos una flexibilidad de 77 billones para garantizar algunos gastos de inversión. En el 2025, esa flexibilidad se reduce a 42 billones. Esa es la dificultad del presupuesto. Aquí están las inflexibilidades", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
"Aquí tendremos que discutir las fuentes y orígenes de esas inflexibilidades porque nada de esa inflexibilidad la podemos cubrir simplemente olvidándonos de ella", agregó.
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Bonilla advirtió también que reducirá el presupuesto para vigencias futuras y que estas se pagarán contra avances de obra, algo que puede reabrir las polémicas con el sector de la infraestructura.
Las cuentas del ministro Bonilla podrían ser todavía peores si el Congreso no accede a aprobar una nueva reforma tributaria por 12 billones de pesos que cubra parte del hueco, y un cambio al régimen de transición de la regla fiscal que permitiría abrir espacio para 5 billones de pesos en gastos.
Por ahora, Bonilla va ganando la partida. Varios sectores del Congreso hablaron abiertamente de la posibilidad de devolver la ley de presupuesto al Gobierno y pedir una reducción en el monto. Sin embargo, a la hora de decidir sobre el punto ni siquiera hubo quorum.
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Como el Congreso no devolvió la ley de presupuesto, entra de lleno a discutirlo y su primera tarea es definir el techo de gasto.
El Gobierno propone 523 billones de pesos, financiados parcialmente con una reforma tributaria. La reforma llegará al Congreso antes del 15 de septiembre, según el ministro Bonilla.
Sin embargo, son muchos los gremios que están advirtiendo la inconveniencia de un incremento de impuestos en este momento. Fedesarrollo por ejemplo, ha pedido al gobierno que reduzca el presupuesto de 2025 en 26.6 billones de pesos y recorte gastos en funcionamiento.
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Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, simplemente quedará vigente el proyecto radicado por el Gobierno nacional.
Desde hace años se sabe que los gastos del gobierno son inflexibles. Toda clase de leyes y artículos de la constitución establecen ingresos con destinación específica para distintas iniciativas y en algunos casos está establecido que no pueden existir los recortes: Solo se valen los aumentos.
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Un ejemplo es el gasto social. Por ley el gasto social debe subir año a año, nunca puede recortarse. Las transferencias del sistema de participaciones en educación, salud y saneamiento básico no pueden caer jamás. Es ilegal bajarle el sueldo a alguien en Colombia.
Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el sistema tiene unos "incentivos perversos" para que el gobierno quiera aumentar sus gastos para cumplir sus promesas de campaña. Cada gobierno. Por eso, es importante que el país empiece a pensar en una reforma profunda al gasto que permita que los gobiernos puedan ampliar o recortar los gastos según sus posibilidades, pero también según sus prioridades.
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