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La legislación que rige la financiación de la campaña en la consulta popular, analizando las limitaciones y posibilidades que establece la ley.
En el marco de la reciente discusión sobre la financiación de la consulta popular promovida por el Gobierno, es fundamental entender los aspectos legales que rigen este proceso.
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En primer lugar, la Ley 1757 de 2015 establece mecanismos de participación ciudadana, pero no se pronuncia de forma explícita sobre la financiación de campañas por el 'sí' o el 'no'.
Sin embargo, la sentencia C-150 de 2015 brinda claridad al respecto, permitiendo que el Gobierno, desde el presupuesto nacional, pueda destinar recursos para la promoción.
Lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) asciende a una cifra cercana a los 6200 millones de pesos para actividades de promoción. Esta limitación se basa en el principio de equidad que se pretende mantener en las campañas electorales. Así, aunque el Gobierno puede utilizar fondos públicos, enfrenta restricciones que impiden un uso desmedido de recursos.
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Más allá de los montos, es esencial mencionar que la ley impone restricciones claras sobre cómo y cuándo se puede promocionar la consulta. Por ejemplo, se prohíbe a los funcionarios públicos realizar campañas en horario laboral o utilizar bienes del estado.
Esto incluye la promoción en medios privados, quedando el uso limitado a medios de comunicación públicos.
Ante esta situación, se generan preocupaciones sobre posibles abusos de poder, principalmente en términos de la equidad entre el apoyo gubernamental y la financiación privada que otros grupos pueden reunir.
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Según el exregistrador Nicolás Farfán, "no puede haber un desbalance enorme en las campañas cuando el Gobierno tiene a recursos públicos".
Tanto la ley como la forma en que se estructuran los comités promotores son fundamentales para entender el proceso. Los comités pueden ser formados por diversos actores sociales y tienen equitativo a los medios de comunicación estatales para promover sus propuestas.
Sin embargo, la financiación de estas campañas debe provenir de fuentes privadas o donaciones, y no del tesoro público, lo que aseguraría que se mantenga la equidad en la competencia.
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