En el contexto donde la violencia está en crecimiento en Colombia, la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender las ofensivas militares contra la disidencia conocida como Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por alias 'Calarcá', ha sido un tema de debate público.
En entrevista con Blu Radio, Francisco Daza, coordinador de la línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Pares, hizo un análisis sobre las implicaciones de la decisión.
Antecedentes de un estancamiento
Daza recordó que el cese el fuego inicial entre el Gobierno y las disidencias había sido el más prolongado en el marco de la política de paz total de Petro.
"Este cese el fuego había ofrecido una oportunidad única para la paz en el país", expresó. Sin embargo, la actual suspensión de operaciones militares podría complicar el avance en negociaciones al enfrentar acciones de violencia por parte de grupos armados en regiones clave como Catatumbo y Antioquia, donde hoy la situación es critica.
A pesar de la declaración del gobierno de garantizar "Un ambiente seguro para las negociaciones", Daza subrayó la preocupación por la persistencia de conflictos en áreas donde operan las Fuerzas Armadas como el Caquetá y Putumayo.
La suspensión de operaciones ha sido vista como una oportunidad, pero también acarrea riesgos derivados de la actividad violenta de otros actores en la región.
Con un mes para demostrar avances en las conversaciones, Daza enfatizó la importancia en que los grupos armados presenten resultados tangibles para la paz, recordando que es fundamental que se muestre voluntad real para avanzar en las negociaciones.
Además agregó que la Fundación Pares seguirá de cerca el desarrollo de estos acuerdos, ofreciendo apoyo a los procesos que fortalezcan la paz en el país, que requieren un esfuerzo continuo con un enfoque en el diálogo.
La implementación efectiva de los acuerdos y la consolidación de un ambiente seguro son cruciales para el futuro de Colombia
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