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La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que adelante procesos de extinción de dominio contra los dineros que se traficaron por el llamado cartel de la toga, además, el alto tribunal pide que se investiguen otros hechos que no han sido objeto de judicialización y que tendrían que ver con la misma organización criminal.
Luego de casi 8 años de que explotara uno de los peores escándalos judiciales en Colombia, el cartel de la toga vuelve a ser noticia, esta vez porque la Corte Suprema de Justicia le está pidiendo a la Fiscalía que extinga todos los bienes producto de este entramado en donde exmagistrados de esa misma corporativa torcieron procesos para favorecer a aforados investigados por corrupción.
Por estos hechos, en una decisión reciente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme las condenas de los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández a 16 y 9 años de cárcel respectivamente.
Malo Fernández, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, fue hallado culpable de participar en un esquema de corrupción dentro del alto tribunal, y de acuerdo con la sentencia, facilitó decisiones judiciales favorables a políticos investigados a cambio de beneficios económicos, en lo que se conoció como el escándalo del Cartel de la Toga.
En el caso de Francisco Ricaurte, según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala istrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos de corrupción para favorecer a los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
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