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Con la expedición de un nuevo decreto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha una controvertida medida que aumentalas tarifas de retención en la fuente y autorretención para una extensa lista de sectores económicos. Aunque oficialmente no se trata de unareforma tributaria aprobada por el Congreso, el impacto económico para empresas y personas naturales es profundo y ha sido interpretado por expertos como una forma indirecta de ampliar la base gravable del impuesto de renta.
“El Gobierno nacional sí tiene facultades legales para subir las tarifas de retención y autorretención, pero sin que ello sea confiscatorio”, explicó el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, en entrevista con Mañanas Blu.
Según el exfuncionario, este decreto no solo incrementa las tarifas de retención, sino que reduce las bases mínimas, lo que en la práctica implica que muchas más personas y pequeñas empresas terminarán pagando renta sin haber sido incluidas formalmente como contribuyentes mediante una ley del Congreso.
Contrario a lo afirmado por algunos funcionarios, la medida afecta directamente a las personas naturales, en particular a quienes prestan servicios como profesionales independientes. “Les suben las tarifas del 0,5 % en algunos casos hasta el 3,5 % de retención. Entonces sí afecta a las personas naturales”, recalcó Junco.
Uno de los puntos más sensibles es la afectación al sector agropecuario, históricamente considerado como vulnerable.
Actividades como el cultivo de arroz, café, frutas y cereales verán incrementadas sus tarifas de retención, mientras que los topes para ser sujetos de retención bajaron drásticamente: “Antes, si vendía por menos de $500.000 no le hacían retenciones. Ahora ese tope es de $94.000. Eso significa que si un campesino vende un paquete de plátanos en la plaza de mercado y supera ese monto, ya le tienen que practicar una retención del 1,2 %”, explicó el exdirector.
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La aplicación del decreto podría acarrear consecuencias significativas para la economía popular y los precios al consumidor. El alza en la retención también impactará al transporte de carga, con una tarifa del 3,5 %, lo cual encarece los costos logísticos de los productos en toda la cadena de distribución.
“Esto va a generar más inflación, porque si usted le sube los costos al productor y al transportador, inevitablemente ese incremento lo termina pagando el consumidor final”, advirtió Junco.
Uno de los sectores que ha generado mayor preocupación es el de la salud. Clínicas, hospitales, instituciones de cuidado para personas mayores o con discapacidad, y servicios odontológicos serán gravados con tarifas más altas.
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“¿Va a tener combustible el sector salud para pagar anticipadamente los impuestos del año entrante?”, cuestionó uno de los analistas durante la entrevista, a lo que Junco añadió: “Muchos de estos sectores tienen márgenes de utilidad inferiores al 3 %, y ahora los van a gravar con tarifas del 4,5 %. Eso es confiscatorio”.
En el ámbito educativo, desde jardines infantiles hasta instituciones de educación básica también deberán cumplir con las nuevas obligaciones tributarias, un hecho que amenaza con desestabilizar la ya frágil situación financiera de muchas de estas entidades.
Otro de los sectores directamente afectados es el de los hoteles, moteles y residencias. Según el decreto, se excluye a los moteles y residencias del beneficio del 15 % de tarifa de impuesto sobre la renta, elevándolos a la tarifa general del 35 %.
“El beneficio estaba para hoteles, moteles y residencias. Eso lo estableció el Congreso. Pero el Ejecutivo decide, vía decreto, excluir a los moteles, algo que solo puede decidir el legislativo”, explicó Junco. Y advirtió: “Esto va a encarecer los servicios de alojamiento, incluidos los llamados servicios del amor”.
El argumento del gobierno es claro: se busca mejorar el recaudo tributario. Sin embargo, Junco recuerda que este tipo de medidas ya se implementaron durante la istración de José Antonio Ocampo en 2023, lo que produjo un efecto inmediato positivo, pero generó un hueco fiscal al año siguiente. “Esto es pan para hoy, hambre para mañana”, sentenció.
El exdirector de la DIAN anunció además que un grupo de abogados tributaristas está preparando una demanda ante el Consejo de Estado. “Es un decreto que extralimita competencias y genera un efecto confiscatorio. Está ampliando el número de contribuyentes sin pasar por el Congreso”.
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