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En la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia Dapre, la Fiscalía General de la Nación reveló que González habría intervenido para que Olmedo López no fuera removido de su cargo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, a pesar de estar suspendido oficialmente por la Contraloría General de la República.
El fiscal del caso aseguró que González realizó gestiones para garantizar la permanencia de López al frente de la entidad luego de que la Contraloría, el 5 de diciembre de 2023, ordenará su suspensión por un mes sin derecho a salario. La medida fue ratificada posteriormente por el presidente Gustavo Petro el 28 de diciembre de ese mismo año. No obstante, según el ente investigador, López se habría mantenido en su cargo tras el presunto pago de coimas a congresistas, gestionadas desde la Casa de Nariño.
La imputación contra González, que reapareció este martes en audiencia tras haber salido del país el pasado 2 de noviembre, según fuentes de Migración Colombia, incluye los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos por su presunta participación en el entramado de corrupción en la UNGRD. La Fiscalía detalló que, tras la lectura de los cargos, González podrá decidir si se acoge a un principio de oportunidad o busca beneficios jurídicos mediante un posible allanamiento.
Uno de los hechos clave expuestos por el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Gabriel Sandoval fue una reunión celebrada el 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama, donde, según declaración de Olmedo López, se habría acordado el pago de una coima entre la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz y el presidente del Senado, Iván Name. La Fiscalía sostiene que estos acuerdos estarían relacionados con la adjudicación de contratos direccionados desde la UNGRD por instrucción de González.
Además, el delito de peculado se sustenta en el desvío de al menos 4.000 millones de pesos del contrato de carrotanques en La Guajira, recursos que, según las declaraciones de López, habrían terminado en manos de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
El escándalo estalló en pleno cuando Olmedo López fue finalmente separado de su cargo tras hacerse públicas las denuncias sobre sobrecostos y corrupción en la compra de carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira.
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