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Colombia tiene menos contratos petroleros activos que antes de la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, pese a la promesa que se hizo en su momento de trabajar por la reactivación de contratos suspendidos y en fase 0, de acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de un derecho de petición.
Actualmente, hay 35 contratos suspendidos y desde el inicio del gobierno se han solicitado 14 terminaciones de contratos.
Reactivación de contratos: una promesa incumplida
En noviembre del 2022 la ministra de Minas del momento, Irene Vélez, dio un discurso en la cumbre del petróleo, el gas y la energía en el que aseguró que aunque el Gobierno no tenía la intención de firmar nuevos contratos petroleros apoyaría a la industria para aprovechar al máximo los contratos existentes.
“Logramos identificar que hay 35 contratos suspendidos. De esos 35 contratos suspendidos hay 32 que podrían tener recursos que son de interés para el país. Nuestro compromiso es revisar ahora cada una de las situaciones y encontrar cuáles de esos son viables y de qué manera podemos nosotros, desde este ministerio, apoyar en la gestión adecuada de los recursos del subsuelo”, dijo Vélez durante el debate de moción de censura en su contra.
Para Vélez, la gestión de contratos suspendidos era parte del compromiso de su cartera con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el último año.
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Actualmente, más de dos años después de las declaraciones de Vélez, hay 35 contratos suspendidos con la industria del petróleo y el gas, según la ANH.
La lista de contratos suspendidos incluye a Ombú, el campo que terminó destruido por campesinos del Caquetá, presuntamente instrumentalizados por las disidencias de las Farc. Como Ombú hay 7 contratos en veremos por problemas de orden público.
Por otro lado, hay 12 contratos suspendidos por cuenta de la conflictividad social. Entre ellos hay dos que podrían terminar liquidados definitivamente porque la empresa operadora, Amerisur, ya pidió a la ANH la terminación definitiva: Tacacho y Terecay.
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Entre los contratos suspendidos por conflictividad social están también Sirirí, PUT 1 y Mecaya operaciones a las que las comunidades indígenas de las zonas se han opuesto por años, tal y como reportó Blu Radio en 2023.
Desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, fue claro para todos los funcionarios que está vetada la firma de nuevos contratos de exploración y producción de petróleo en esta istración.
Lo que no ha estado vetado es la terminación de contratos.
Desde el inicio del Gobierno se han aprobado 7 solicitudes de terminación definitiva y hay otras 7 solicitudes en estudio, de acuerdo con la ANH.
“En este sentido, dos de las solicitudes corresponden a contratos que han presentado oposición de comunidades étnicas en la Fase 0 o Fase Preliminar, lo cual ha generado inconvenientes en el desarrollo de las actividades pactadas y han impedido que avancen a Fase de Exploración. Asimismo, once de las solicitudes están asociadas a contratos que han estado o se encuentran suspendidos desde hace varios años por causas asociadas a conflictividad social, restricciones ambientales, problemas de orden público, entre otros elementos que han afectado la viabilidad operativa y el cumplimiento del objeto contractual en el sector de hidrocarburos”, indicó la ANH.
Hoy la ANH estudia la solicitud de terminación del contrato VMM-3 adicional operado por Conocco Philips, cuyo principal objetivo era el desarrollo del fracking y el contrato VMM-9 de Parex que tenía el mismo propósito. El fracking es otro tema vetado en el Gobierno Petro.
Las demás solicitudes en estudio son: Valle Superior del Magdalena 4, de la sa Maurel & Prom; Berrio de Colpan Oil & Gas; Tacacho de Amerisur y Sierracol; Terecay de Amerisur; PUT 31 de Gran Tierra Energy y Valle Medio del Magdalena 3, de Canacol Energy.
De acuerdo con Campetrol entre noviembre de 2022 (pico pospandemia) y marzo de 2025, la actividad de taladros experimentó una contracción del 27,7 %, lo que implica que 43 taladros, tanto de perforación como de reacondicionamiento, dejaron de operar. Esto se asocia con una estimación de 23.725 empleos perdidos, considerando tanto empleos directos como indirectos.
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