Este hallazgo ha salido a la luz gracias a la labor de investigación encabezada por la Agencia Nacional de Tierras bajo la dirección de Felipe Harman Ortíz. Según la agencia, los terrenos afectados se encuentran principalmente en los departamentos de Córdoba, César, Bolívar y Antioquia y fueron previamente entregados al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV) tras procesos judiciales.
"Es tremendamente grave que las tierras del estado terminen usufructuadas por actores que ni siquiera tienen una relación contractual con el estado. Fíjense que el temor serio que en su momento se tuvo por el Gobierno de Petro es que iba a expropiar. Realmente el expropiado es el Estado", afirmó Felipe Harman.
Una de las estructuras identificadas en este proceso de ocupación identificado como el "Cartel de la tierra" es la estructura de Félix Gutiérrez, exalcalde del municipio de Buenavista (Córdoba) y pareja de la Representante a la Cámara del Partido de La U Ana Paola García. La estructura junto a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como "Comandante Barbie" pretende mantener el control sobre la finca La América en Chimichagua (Cesar). Este predio había pertenecido además, al Ñeñe Hernández.
Según la denuncia, el proceso de apropiación indebida de estas tierras se habría facilitado por la presión ejercida por algunas autoridades locales, que han dilatado la entrega de los predios a los beneficiarios legales. Además, se habría generado un entramado complejo que, mediante actores violentos, permitió que los terrenos fueran transferidos al control de clanes familiares, cuyos descendientes ahora intentan mantener bajo su posesión a pesar de que dichos predios deberían ser entregados al FRV.
Ocupación de tierras en Cesar y Meta
Este predio había pertenecido a otro conocido narcotraficante, el Ñeñe Hernández. Tras la recuperación de La América por parte de la ANT, apareció una medida policiva de protección a favor de un familiar de Rodríguez Fuentes, lo que complicó aún más la restitución de tierras.
La situación también se ha presentado en Meta, donde la ANT ha logrado recuperar dos predios de origen baldío, de 954 hectáreas, ocupados de manera irregular por familiares de Víctor Carranza. Estos predios están localizados en Puerto López, Meta, y se suman a una serie de tierras que han sido parte de un proceso de recuperación desde 2014.
"Lo que estamos denunciando es una expropiación permanente de los bienes del Estado en función de favorecer intereses particulares. Esa es una realidad concreta, pero es gracias sustancialmente a la ejecución del Fondo de Reparación que nos hemos dado cuenta del esclarecimiento", agregó el director de la ANT.
Empresas con control ilícito
Además de las estructuras criminales, también se han identificado empresas con vínculos dudosos que operan sobre tierras del FRV. Un caso llamativo es el de K-Supply Group SAS, una comercializadora de carne que, en 2021, obtuvo seis predios de gran extensión (1.841 hectáreas) en los municipios de Tarazá y Cáceres (Antioquia) por un arrendamiento de tan solo $7 millones. A pesar de que la empresa fue reconocida por el Financial Times por su crecimiento, se denunció que no se verificaron adecuadamente sus credenciales ni su capacidad para contratar, lo que generó alarmas sobre la legalidad de la operación.
Otro de los casos más recientes es el de Ganadería Brisas de Agualinda SCA, que posee predios en la Hacienda La Reforma en Puerto López, Meta. Esta empresa, vinculada a la familia de Víctor Carranza, ha sido objeto de investigación por la ocupación de tierras de origen baldío. Estos terrenos están en proceso de recuperación y serán adjudicados a campesinos y víctimas del conflicto en el corto plazo.
La Agencia Nacional de Tierras ha logrado avances significativos en la recuperación de tierras. En colaboración con la Unidad de Víctimas, la entidad ha firmado convenios por $700 mil millones que han permitido la compraventa de cerca de 53 mil hectáreas. Además, la ANT está trabajando en una estrategia conjunta con exjefes paramilitares recientemente nombrados como Gestores de Paz, que podrían facilitar la identificación y recuperación de hasta 100 mil hectáreas adicionales, a favor de las víctimas y campesinos.
La entidad, además, estableció una Mesa de Trabajo con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación de predios ocupados de manera ilegal y en la posible apertura de investigaciones penales relacionadas con el manejo indebido de estos bienes.
Según la información entregada por la ANT, pese a los avances, los ocupantes ilegales cuentan con lazos profundos en el poder local y el crimen organizado, continúan ejerciendo presiones para mantener el control sobre los predios que deberían ser destinados a las víctimas del conflicto armado.
Los casos de ocupación indebida de tierras en Córdoba, Antioquia y Cesar son solo algunos ejemplos de un problema que persiste y que requiere una acción coordinada entre las autoridades nacionales, las instituciones encargadas de la reparación a víctimas y la justicia para asegurar que estas tierras lleguen finalmente a quienes más lo necesitan.
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