La historia detrás de la negativa de la Fiscalía de dar principio de oportunidad a Sandra Ortiz

Blu Radio tuvo a un documento oficial de la Fiscalía General de la Nación en el que se detallan las razones por las cuales fue rechazada la posibilidad de negociar un principio de oportunidad con Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.El próximo 12 de junio será acusada formalmente por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, por presuntamente haber entregado 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name, dinero proveniente de la entidad, con el objetivo de que impulsara las reformas del Gobierno en el Congreso.Uno de los principales argumentos para negar el beneficio fue la gravedad de los delitos imputados. La Fiscalía estima que, de ser condenada, Ortiz enfrentaría una pena de “no menos de 20 años de prisión”, que podría incrementarse conforme a las reglas del concurso de delitos, además de una “sanción constitucional perpetua”, lo que le impediría ejercer cargos de elección popular o contratar con el Estado de forma indefinida. Bajo ese contexto, la Fiscalía subraya que conceder inmunidad total solo se justifica si se entrega a cambio una “colaboración con la justicia extraordinaria”, que permita suspender la acción penal sin afectar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.Tras analizar la información presentada por Ortiz, la Fiscalía concluyó que esta “carecía de solidez, capacidad suasoria y fiabilidad”. Según el documento, “no ofreció prueba alguna de corroboración”, y en lugar de fortalecer su declaración ante los fiscales, Ortiz optó por acudir a medios de comunicación, lo que fue interpretado como una forma de presión. Esto afectó su credibilidad, al punto que la Fiscalía sostuvo que “no se puede atribuir fiabilidad a una ciudadana” que actúa de esa manera durante una negociación judicial.Particular atención recibió el señalamiento que Ortiz hizo contra el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, a quien mencionó como uno de los posibles implicados. La Fiscalía señaló que no aportó pruebas que respaldaran esa acusación, y que los documentos en los que se apoyaba ya reposaban en el expediente, al haber sido extraídos del celular que le fue incautado durante el proceso penal. Se trataba, según el documento, de afirmaciones “meramente circunstanciales”, con múltiples explicaciones y sin posibilidad de verificación directa. De hecho, la propia Ortiz indicó que el contexto de esos hechos solo podía ser aclarado por los implicados: Iván Name, Vladimir Fernández y Carlos Ramón González.“La totalidad de elementos ofrecidos por Sandra Liliana Ortiz Nova ya se encontraban en poder de la Fiscalía”, enfatiza el documento, que considera que no se presentó ningún dato novedoso ni útil que justificara avanzar en una negociación.Cabe agregar que Carlos Ramón González ya fue imputado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, por presuntamente dar la orden directa a Sandra Ortiz y a Olmedo López de entregar el dinero, como parte del esquema investigado.Finalmente, la Fiscalía respondió a la inquietud de la representación de víctimas, que cuestionó por qué no habían sido tenidas en cuenta durante las gestiones del principio de oportunidad. El ente investigador aclaró que esa fase es exclusiva de la Fiscalía y de la defensa del aspirante, y que solo en caso de llegar a un acuerdo se convoca a las víctimas para informarles sobre los avances y alcances del beneficio. “Los acercamientos y conversaciones tienen carácter reservado hasta tanto no se perfeccionen; a tal punto, que de no lograrse ello, no podrán ser utilizados por la Fiscalía en su contra”, concluye el documento.